Alianza In, organización que agrupa a trabajadores de plataformas digitales en Colombia, rechazó públicamente el Decreto 099. Según la fuente, la entidad considera que esa norma altera el esquema de seguridad social que fue avalado dentro de la reforma laboral y que rigió hasta la finalización del gobierno anterior.
El decreto en cuestión fue expedido en el tramo final de la administración de Gustavo Petro y aborda condiciones laborales y de protección social aplicables a los repartidores que prestan servicios a través de aplicaciones. Alianza In sostiene que la redacción del Decreto 099 se aparta del consenso que sirvió de base a la reforma laboral aprobada por el Congreso.
La organización elevó la solicitud directamente al gobierno que preside Abelardo de la Espriella. En su comunicación, pidió de manera expresa la derogatoria del acto administrativo, con el argumento de que mantenerlo genera incertidumbre para los trabajadores y para las plataformas que operan en el país.
El sector de repartidores creció con fuerza en Colombia durante los últimos años, en paralelo con la expansión de aplicaciones de entrega de alimentos, mensajería y transporte urbano. Esa dinámica hizo visible la necesidad de reglas claras sobre cotización a salud, pensiones y riesgos laborales para quienes obtienen su ingreso principal de estas plataformas.
La reforma laboral, que sirvió de marco para la expedición del decreto, introdujo figuras como el contrato de trabajo para plataformas en ciertos casos, al tiempo que reguló la presunción de laboralidad y los aportes al sistema de seguridad social. Cualquier modificación posterior, como la que Alianza In atribuye al Decreto 099, reabre el debate sobre cómo se protegen los derechos de estos trabajadores sin afectar la operación de las empresas.
Para los repartidores, el impacto práctico es directo. Cambios en los criterios de afiliación, en los porcentajes de cotización o en la responsabilidad de los aportes se traducen en mayor o menor protección ante enfermedad, accidentes o vejez, y también en el monto neto que reciben por cada entrega.
Desde el lado de las plataformas, el gremio ha reiterado en distintas ocasiones la necesidad de reglas estables para planear su operación en Colombia. Una norma que sea derogada en los primeros meses del nuevo gobierno, o que quede en entredicho, puede frenar inversiones o ajustes en los modelos de negocio basados en trabajo digital.
La solicitud de Alianza In se conoce en un momento en que el gobierno de Abelardo de la Espriella está definiendo su equipo económico y laboral. La decisión que adopte el Ejecutivo frente al Decreto 099 será una de las primeras señales sobre el rumbo que tomará la política de trabajo en plataformas, un sector que emplea a cientos de miles de personas en el país.
Por ahora, la pelota está en la mesa del nuevo gobierno. Hasta que no haya un pronunciamiento oficial sobre la suerte del decreto, los repartidores y las plataformas seguirán operando bajo las reglas vigentes, mientras Alianza In mantiene activa su petición de derogatoria y advierte sobre los efectos de mantener la norma.
Queda por verse si el gobierno de Abelardo de la Espriella abre un espacio de diálogo con los representantes de los trabajadores y con las empresas de plataformas antes de tomar una decisión, o si opta por tramitarla de manera unilateral. La fuente consultada es DPL News, que reportó el rechazo de Alianza In y la solicitud formal dirigida al Ejecutivo.