La denuncia la elevó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al señalar que alias ‘Firu’ había utilizado la plataforma TikTok y hecho videollamadas desde el interior del centro de reclusión donde se encuentra recluido, según reportó la Agencia de Periodismo Investigativo (API). El hecho encendió las alarmas porque evidencia una posible falla en los controles de acceso a dispositivos electrónicos en los penales del país.
Ante esa revelación, el presidente Abelardo de la Espriella impartió una orden directa al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que adelante el traslado inmediato del detenido a otro establecimiento carcelario. Según la instrucción presidencial, el nuevo lugar debe garantizar condiciones de aislamiento comunicativo, al punto que, en palabras recogidas por la fuente, no “entre ni la señal de la Santa Cruz”.
El Inpec es la entidad adscrita al Ministerio de Justicia encargada de custodiar a la población privada de la libertad en Colombia y de velar por el régimen interno de los más de 130 establecimientos penitenciarios del país. Una de sus funciones centrales es la de controlar el ingreso de elementos prohibidos, entre ellos teléfonos celulares, equipos con cámara y dispositivos con conexión a internet, cuya tenencia por parte de los internos está expresamente prohibida por la normativa carcelaria.
El caso de alias ‘Firu’ no es aislado. En distintas épocas, organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la propia Contraloría han señalado que la circulación de celulares en las cárceles colombianas es un problema estructural, pues facilita la coordinación de actividades ilícitas desde prisión, incluyendo extorsiones, amenazas y contactos con estructuras criminales. La existencia de redes clandestinas de comunicación dentro de los penales ha sido documentada en varias investigaciones periodísticas y en informes de seguimiento a la política penitenciaria.
La reacción del gobernador Rendón añade un componente regional a la controversia. Como primera autoridad civil de Antioquia, el gobernador tiene entre sus funciones la de coordinar con la fuerza pública y con las autoridades penitenciarias aspectos que afectan la seguridad y el orden público en su departamento. Su denuncia se produce en un contexto en el que las bandas criminales con presencia en el Valle de Aburrá han mantenido disputas que, según reportes oficiales, han incluido el uso de comunicaciones no reguladas para ordenar acciones desde centros de reclusión.
La orden del presidente De la Espriella pone sobre la mesa la urgencia de reforzar los protocolos de revisión y monitoreo tecnológico dentro de los penales. El Inpec deberá decidir a qué establecimiento trasladar al detenido, bajo qué criterios se evalúan las condiciones del nuevo sitio y qué medidas administrativas se adoptarán frente a los funcionarios que habrían permitido el ingreso de los dispositivos usados para grabar los videos mencionados por la fuente.
Para los ciudadanos, el episodio reabre el debate sobre la efectividad del sistema penitenciario colombiano en materia de seguridad interna. Si un interno puede transmitir en vivo y sostener videollamadas, se presume que existen vacíos en la cadena de custodia de los teléfonos, en los equipos de detección y en los mecanismos de vigilancia electrónica, lo que termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones responsables de la reinserción y la custodia.
Hasta el momento no se conoce pronunciamiento oficial del Inpec sobre cuántos funcionarios fueron separados o investigados por este caso, ni si alias ‘Firu’ enfrenta algún proceso disciplinario adicional derivado de las grabaciones y transmisiones realizadas. La instrucción presidencial apunta a un traslado inminente, mientras la investigación sobre cómo se filtraron los dispositivos al interior del penal sigue abierta y queda pendiente de resultados concretos.