El Gobierno nacional expidió el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, mediante el cual ordena levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas, según reportó IFM Noticias. La decisión se conoce en un contexto de discusión abierta sobre las políticas de desarme y tenencia de armas en el país.
El decreto modifica el régimen de excepción que había mantenido suspendida la expedición de nuevos permisos para civiles. Con la nueva norma, el Estado retoma la posibilidad de evaluar y, eventualmente, autorizar solicitudes de porte, siempre dentro del marco legal vigente. La suspensión general había restringido esa facultad durante un periodo reciente.
En Colombia, la regulación del porte de armas para personas naturales se concentra en el Ministerio de Defensa, a través de la Industria Militar (Indumil), entidad encargada de expedir los permisos especiales. El porte está diferenciado de la tenencia, figura que permite tener el arma en el lugar de domicilio o trabajo sin autorización para portarla en espacios públicos.
La ciudadanía se verá afectada en dos frentes. Por un lado, ciudadanos que venían tramitando permisos y esperaban su resolución podrían ver acelerado el proceso. Por otro, organizaciones civiles que promueven el desarme han expresado en distintas oportunidades su preocupación por una mayor circulación de armas en las calles, un debate que ahora se reactiva con la expedición del decreto.
El decreto no elimina los controles existentes. Las solicitudes seguirán sometidas a requisitos de antecedentes, condiciones de almacenamiento y criterios de necesidad que la ley establece. Tampoco se modifica la prohibición para menores de edad ni las restricciones sobre armas automáticas o de uso privativo de la Fuerza Pública.
Sectores vinculados a la seguridad argumentan que el levantamiento de la suspensión permite restablecer derechos ciudadanos y reducir trabas administrativas. En el otro extremo, voces defensoras de derechos humanos y de víctimas piden al Gobierno claridad sobre los mecanismos de seguimiento para evitar que los nuevos permisos terminen en manos de civiles que no cumplen los requisitos.
Quedan pendientes varios puntos. El decreto deberá ser revisado por la Fiscalía y por las autoridades competentes para verificar su cumplimiento normativo. IFM Noticias no detalla en su análisis las regiones donde los efectos se sentirán primero ni el volumen de solicitudes represadas, información que seguramente se precisará en las próximas semanas.
El siguiente paso es la publicación oficial del texto completo en el Diario Oficial y los actos administrativos de las autoridades militares que materialicen la apertura del trámite. La ciudadanía, por su parte, podrá consultar ante Indumil el estado de sus solicitudes y los requisitos actualizados para acceder a un permiso vigente.