El sacudón del reciente terremoto coincidió con los primeros días del gobierno del presidente Abelardo de La Espriella, alteró la agenda prevista y dejó a la administración frente a una emergencia de gran escala. El diario Portafolio.co planteó que la forma en que se afronte la reconstrucción será determinante para la percepción ciudadana del nuevo Ejecutivo.
En Colombia, los sismos son un riesgo recurrente por la ubicación geográfica del país, en el cinturón de fuego del Pacífico, y por la actividad de fallas geológicas activas. Cada vez que ocurre un movimiento telúrico fuerte, los protocolos de atención de desastres se activan en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, junto con la Fuerza Pública, los gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Una emergencia de este tipo pone a prueba la capacidad de respuesta institucional en horas. Implica el despliegue de equipos de rescate, la evaluación técnica de infraestructuras, la activación de albergues temporales y el inicio de censos de damnificados. En paralelo, los municipios afectados suelen declarar calamidad pública o emergencia económica, lo que agiliza la contratación y la destinación de recursos.
Para los ciudadanos, las consecuencias se sienten en la vida cotidiana. Familias pierden viviendas, comercios cierran, escuelas y hospitales quedan inutilizables y las vías de comunicación se interrumpen. La población rural, con menos acceso a seguros y a crédito formal, suele ser la más golpeada, lo que aumenta la presión sobre el gobierno nacional para entregar soluciones habitacionales y reactivar la economía local.
El artículo de Portafolio.co destaca que la reconstrucción no es solo técnica, sino política. Definirá el legado de De La Espriella, pues las fases de respuesta inmediata, atención de damnificados y reconstrucción toman meses e incluso años. Gobiernos anteriores han enfrentado cuestionamientos por demoras en la entrega de viviendas y por la pérdida de trazabilidad de los recursos destinados a las zonas afectadas.
El orden institucional frente a emergencias sísmicas contempla que la reconstrucción de vivienda social sea ejecutada por el Ministerio de Vivienda, con apoyo de las gobernaciones y alcaldías. El Banco Agrario y Findeter suelen habilitar líneas de crédito blandas. El sistema general de regalías y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo también funcionan como fuentes de financiación en estos casos.
A la presión por reconstruir se suma la presión por la transparencia. Organizaciones de control como la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía han intensificado en los últimos años el seguimiento a los recursos de la emergencia, con mesas de seguimiento y plataformas de datos abiertos. Para el gobierno de De La Espriella, el reto será entregar resultados verificables en territorio, no solo anuncios desde Bogotá.
También entra en juego la coordinación con la cooperación internacional. Colombia suele recibir apoyo técnico y financiero de organismos como la ONU, el Banco Mundial y bancos multilaterales, sobre todo cuando el impacto supera la capacidad instalada. Esa articulación con aliados externos puede ampliar la capacidad de respuesta, aunque también añade exigencias en materia de rendición de cuentas.
Según el análisis de Portafolio.co, las primeras decisiones del nuevo gobierno en materia de emergencia quedarán bajo la lupa. Cómo se asignen los recursos, cuánto tarden las obras, qué atención reciban los damnificados y qué tan articulada esté la respuesta con alcaldes y gobernadores serán señales tempranas del estilo de gestión que adoptará De La Espriella. La reconstrucción, concluye el diario, definirá su legado.
Quedan tareas pendientes inmediatas: completar los censos de afectados, garantizar atención en salud y agua potable en las zonas impactadas, reabrir las vías y avanzar con los estudios técnicos de edificaciones. A mediano plazo, el desafío mayor será levantar las casas, escuelas y hospitales destruidos, con la mirada de un país que medirá al gobierno por su capacidad de volver a la normalidad a las comunidades.