Andesco entregó al Gobierno una propuesta con cuatro frentes de trabajo enfocados en acelerar la ejecución de proyectos en los sectores de energía eléctrica, agua potable y gas natural. Según el gremio, esos frentes apuntan a destrabar iniciativas que llevan meses sin avanzar por trámites, consultas previas y dudas regulatorias.
El pedido se enmarca en la preocupación del sector por la seguridad energética del país. Las empresas de servicios públicos han advertido en distintas oportunidades que la demora en la entrada de nuevos proyectos puede traducirse en restricciones de oferta en el mediano plazo, sobre todo en regiones con alta demanda industrial y residencial.
En el caso del gas natural, la discusión nacional gira desde hace años alrededor de la autosuficiencia. Colombia fue exportador neto de gas y hoy importa volúmenes crecientes desde Estados Unidos, lo que ha cambiado la ecuación de precios y ha puesto sobre la mesa la urgencia de explorar y desarrollar campos locales, además de fortalecer la infraestructura de transporte y regasificación.
En energía eléctrica, el reto pendiente es la incorporación de nuevas fuentes de generación y la expansión de redes de transmisión, tareas a cargo de empresas privadas y de Transmisor de Energía Eléctrica (ISA) y sus filiales, entre otros actores. El gremio ha insistido en la necesidad de simplificar los procesos de licenciamiento y de articular mejor a las entidades nacionales y regionales.
El sector de agua potable y saneamiento básico, que en Colombia es atendido por empresas públicas y privadas bajo el marco de la Ley 142 de 1994, también hace parte de la agenda. Andesco ha señalado que miles de municipios todavía presentan déficit en cobertura y calidad, y que la inversión depende en buena medida de la capacidad financiera de los prestadores y de los recursos transferidos por la Nación.
Otra de las prioridades planteadas por el gremio es la seguridad jurídica para los inversionistas. Las empresas piden reglas claras y estables que les permitan planear proyectos de largo plazo, especialmente en un contexto de transición energética donde las decisiones sobre tecnologías, tarifas y contratos se cruzan con compromisos ambientales y metas de reducción de emisiones.
La propuesta llega en un momento en el que el Ejecutivo busca darle velocidad a la ejecución de obras de infraestructura y atraer capital privado. Para Andesco, el trabajo coordinado entre ministerios, entidades de control y autoridades locales resulta determinante para que los proyectos pasen de los anuncios a la operación real.
Según Portafolio, el gremio confía en que la nueva agenda permita abrir mesas técnicas permanentes con el Gobierno, en las que se revisen cuellos de botella regulatorios y se haga seguimiento a los compromisos de inversión. El sector espera que las prioridades se traduzcan en cronogramas concretos y en decisiones administrativas dentro de los próximos meses.
Por ahora, la pelota está en la mesa del Gobierno, que deberá evaluar cuáles de las propuestas se incorporan a la política pública y bajo qué plazos. Los ciudadanos, mientras tanto, esperan que las decisiones se traduzcan en mejoras tangibles en la calidad y continuidad de servicios que usan a diario.