El presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general de los salvoconductos, una medida que reactivó el debate sobre el control del orden público en Colombia. La decisión fue celebrada por el concejal de Cali Andrés Escobar, integrante del partido Centro Democrático, según reportó Infobae.
Escobar es conocido por haber sido señalado en 2021 por sacar un arma durante las jornadas del paro nacional de ese año, un episodio que entonces generó amplia controversia en el Valle del Cauca y a nivel nacional. En esta oportunidad, el cabildante respaldó públicamente el decreto presidencial y cuestionó a quienes lo critican.
La postura del concejal motivó una respuesta inmediata del exministro Jorge Iván Cuervo, quien fungió como ministro en el gobierno de Gustavo Petro. Cuervo descalificó el decreto y, según Infobae, calificó la decisión como un acto de impunidad, abriendo un nuevo capítulo del debate sobre los límites del Ejecutivo en materia de seguridad.
El salvoconducto es un documento esencial en el régimen de tránsito y permanencia de personas en el territorio colombiano. Su suspensión total y posterior levantamiento impacta la movilidad de nacionales y extranjeros, así como la coordinación entre la fuerza pública, las autoridades migratorias y la Registraduría.
El cruce de mensajes se enmarca en la polarización que vive el país desde hace varios años entre quienes defienden una línea más dura contra la protesta social y quienes promueven el respeto a la movilización pacífica. La decisión del presidente De la Espriella y el respaldo del concejal se inscriben en el primer bloque.
La reacción de Cuervo refleja el segundo bloque, que cuestiona lo que considera una habilitación para que uniformados o civiles actúen sin controles claros durante las manifestaciones. El exministro equiparó el levantamiento de la suspensión con un aval a la impunidad, aunque no presentó pruebas específicas en el extracto disponible.
Para la ciudadanía, el fondo del asunto es operativo: si los salvoconductos vuelven a expedirse con normalidad, las personas que dependen de esos documentos para identificarse en procedimientos administrativos y judiciales podrían tramitar sus trámites sin las restricciones que impuso la suspensión.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos suelen advertir que el libre porte de este tipo de documentos en contextos de protesta puede elevar los riesgos de uso indebido de armas entre particulares, un punto que el decreto no abordó públicamente según la fuente consultada.
Por ahora, la controversia quedó instalada en redes sociales y en la arena política. Queda por verse si el Ejecutivo aclara el alcance del decreto y si el Congreso convoca algún debate sobre el tema, tal como lo han solicitado sectores de la oposición en episodios previos de crisis de orden público.