El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabaja en la versión final de un decreto que ajusta los requisitos del Registro Nacional de Turismo, la inscripción obligatoria que deben tramitar los prestadores de servicios turísticos en Colombia. El anuncio de los cambios reabrió el debate sobre el alcance de la regulación frente a los anfitriones que ofrecen su vivienda a través de plataformas digitales.
Según la alerta recogida por Portafolio, propietarios que arriendan habitaciones o inmuebles completos en Airbnb y Booking sostienen que las condiciones que plantea el decreto vuelven inviable su negocio. El texto exigiría, por ejemplo, acreditar requisitos pensados para hoteles y establecimientos con infraestructura profesional, algo que, según los anfitriones, no aplica a quienes ofrecen una vivienda familiar o un apartamento de uso residencial.
El Registro Nacional de Turismo es el instrumento que utiliza el Estado colombiano para identificar, clasificar y controlar a los prestadores de servicios turísticos. A través de él, las autoridades pueden verificar la existencia de los prestadores, hacer seguimiento a su actividad y aplicar criterios de calidad. La actualización de este registro es una facultad del Ministerio de Comercio, que en los últimos meses ha enfatizado la necesidad de ordenar el crecimiento de las plataformas de alojamiento.
El sector de los anfitriones individuales creció con fuerza en los últimos años en Colombia, impulsado por el turismo interno y por la llegada de visitantes extranjeros a ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y el Eje Cafetero. Plataformas como Airbnb y Booking han servido como canal principal para miles de personas que complementan sus ingresos con el arriendo de corta estancia. Este crecimiento ocurrió en paralelo a un debate sobre si esos anfitriones deben recibir el mismo tratamiento regulatorio que un hotel formal.
Los argumentos de los anfitriones, según recoge Portafolio, apuntan a que el decreto los obligaría a asumir cargas operativas y tributarias pensadas para un giro comercial formal, sin tener el volumen ni la estructura de un establecimiento hotelero. También sostienen que el cambio frenaría la formalización, porque haría menos atractivo registrarse y operaría como un desincentivo para quienes ya están inscritos.
La discusión pone sobre la mesa un dilema regulatorio: cómo equilibrar la protección al consumidor, la competencia con los hoteles tradicionales y la realidad de miles de familias que derivan ingresos de esta actividad. El Ministerio de Comercio no ha detallado públicamente la totalidad de las obligaciones que incluirá el decreto, ni la fecha exacta de su expedición. Lo que está en juego es la manera como se define, en el papel y en la práctica, qué es un prestador de servicios turísticos en la economía digital.
Mientras el texto final se conoce, los anfitriones piden una mesa de diálogo con el Ministerio para ajustar los puntos que consideran lesivos. Las plataformas Airbnb y Booking también tienen interés en que el marco regulatorio no frene su operación en el país, donde han invertido en atraer demanda internacional. La forma en que se resuelva esta diferencia marcará la dinámica de uno de los segmentos de alojamiento de más rápido crecimiento en Colombia.