El gobierno nacional, bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, trabaja en un plan de rescate financiero orientado a estabilizar el sistema de salud colombiano. Según reportó Valora Analitik, el Ejecutivo tiene una fecha límite para decidir el rumbo de la Nueva EPS, una de las entidades promotoras de salud con mayor número de afiliados en el país.
La Nueva EPS nació en 2019 tras la liquidación de Saludcoop y Cafesalud, dos de las EPS más grandes que colapsaron por problemas financieros y administrativos. El Estado asumió el control de la entidad con el propósito de sanearla y, eventualmente, entregarla al sector privado o al público. Cinco años después, la Nueva EPS sigue bajo administración estatal, con más de 11 millones de afiliados según cifras del sector.
El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis de liquidez recurrentes. EPS de los regímenes contributivo y subsidiado han solicitado intervenciones, recortes o liquidaciones en los últimos años por acumulación de deudas con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos. El plan anunciado por el gobierno busca atender esa crisis estructural.
La decisión sobre la Nueva EPS resulta clave por su tamaño y por su papel como prueba de la capacidad del Estado para administrar una entidad de esa magnitud. Una liquidación implicaría trasladar millones de usuarios a otras EPS en un momento de baja capacidad de respuesta del sistema. Una venta o capitalización, en cambio, requeriría un inversionista dispuesto a asumir la cartera y los pasivos acumulados.
El rescate financiero anunciado por el gobierno contempla, según Valora Analitik, medidas para fortalecer el flujo de recursos hacia las EPS y los prestadores de servicios. Entre las herramientas discutidas en debates previos del sector figuran el giro directo de recursos de la Adres a los hospitales, la actualización de la unidad de pago por capitación y los acuerdos de punto final para sanear la deuda.
Para los usuarios, el desenlace de esta decisión es determinante. Los afiliados a la Nueva EPS dependen de que la entidad mantenga su operación o de que se garantice una transición sin afectar la continuidad de sus tratamientos, especialmente de quienes requieren servicios de alto costo como diálisis, cáncer o VIH. La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de vigilar ese proceso.
El gobierno no ha detallado públicamente las alternativas que evalúa. El plazo mencionado por Valora Analitik es clave: una vez vencido, el Ejecutivo deberá comunicar si la Nueva EPS continuará bajo su administración, si entrará en un proceso de capitalización o si se abrirá una nueva intervención. La fecha se conoce pero el contenido de la decisión se mantiene bajo reserva.
Quedan pendientes varios puntos: la situación financiera real de la Nueva EPS, el monto de la deuda con la red hospitalaria y las condiciones que el gobierno exigiría a un eventual operador privado. Las autoridades también deben precisar cómo se articulará el plan de rescate con la reforma a la salud en trámite en el Congreso, si esta avanza.