La Unidad Nacional de Líderes Sociales pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, claridad sobre el rumbo de los procesos de diálogo con comunidades y organizaciones sociales. El llamado fue hecho antes de la ceremonia de posesión del nuevo jefe de Estado, según informó Infobae.
La organización, que agrupa a voceros de distintos territorios, solicitó que la discusión sobre la paz se traslade a las zonas más golpeadas por el conflicto armado y la violencia. Para los líderes, el cierre de ciclos de violencia no se agota en Bogotá y requiere presencia directa del Gobierno en las regiones.
La petición se conoce en un momento sensible para el país: el inicio de un nuevo mandato presidencial. En esa transición, los sectores sociales suelen pedir compromisos explícitos sobre los derechos de las víctimas, la protección de líderes y la continuidad de las mesas de conversación.
Colombia acumula décadas de intentos de diálogo con grupos armados ilegales, así como con comunidades afectadas por la disputa territorial. La Ley de Víctimas, los acuerdos de paz de 2016 y los posteriores espacios de conversación con estructuras del crimen organizado han marcado la agenda pública en los últimos años.
El Gobierno entrante deberá decidir si mantiene, modifica o sustituye los mecanismos de diálogo existentes. Esa definición impacta de manera directa a los habitantes de zonas rurales, a las organizaciones de víctimas y a los líderes sociales, que suelen ser los primeros en sufrir las consecuencias de la violencia en los territorios.
Para la Unidad Nacional de Líderes Sociales, el verdadero termómetro de la paz en Colombia se mide en las regiones. Por eso insisten en que cualquier política de diálogo debe construirse con la voz de quienes han padecido el conflicto de manera cotidiana, y no solo desde los despachos oficiales.
La solicitud también pone sobre la mesa la situación de riesgo de los propios líderes sociales. Organizaciones como Indepaz y la Defensoría del Pueblo han advertido en años recientes sobre el número creciente de asesinatos y amenazas contra defensores de derechos humanos en distintas zonas del país.
Por ahora, desde la organización esperan una respuesta del nuevo Gobierno que indique cómo se piensa abordar la cuestión. El equipo de empalme del presidente De la Espriella no se ha pronunciado de manera pública sobre este pedido, según la información disponible.
Queda pendiente si el nuevo Ejecutivo abrirá canales formales con los líderes sociales y si incluirá el diálogo territorial dentro de sus prioridades. Esa decisión marcará el tono de la relación entre el Gobierno y las comunidades organizadas durante el primer año de gestión.