El antiguo secretariado de las Farc, integrado por excomandantes que lideraron la negociación con el Estado colombiano entre 2012 y 2016, solicitó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella claridad sobre el rumbo del acuerdo de paz. La petición, conocida esta semana, pone sobre la mesa la preocupación de los firmantes por la continuidad de los compromisos asumidos por las partes.
Aunque el extracto disponible no detalla cada uno de los puntos planteados, la solicitud se enmarca en el seguimiento que los exnegociadores han hecho a la implementación de lo pactado en La Habana. El acuerdo incluyó seis puntos centrales: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y mecanismos de verificación.
La llegada de un nuevo gobierno suele reactivar los debates sobre la implementación. Sectores firmantes y observadores suelen pedir que se ratifiquen los avances y se precisen los ajustes pendientes. En este caso, el antiguo secretariado actúa como una voz que reclama continuidad institucional frente a lo acordado en 2016.
Para los exjefes de las Farc, la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo tiene efectos prácticos. La implementación incluye la entrega de tierras a campesinos, la reincorporación de excombatientes, proyectos productivos en antiguos espacios territoriales y medidas de protección a firmantes, piezas que dependen de decisiones presupuestales y políticas del Ejecutivo.
En el plano institucional, el acuerdo creó instancias como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), integrada por gobierno y voceros de los firmantes, además de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El funcionamiento de estos espacios depende, en gran medida, de la voluntad del gobierno de turno de mantener los diálogos técnicos y políticos.
La petición también ocurre en un contexto de alerta por la seguridad de los excombatientes. Organizaciones como la Defensoría del Pueblo han registrado durante los últimos años el asesinato de firmantes en diferentes regiones del país, un factor que suele presionar a los actores del proceso a pedir respuestas concretas al Estado.
Hasta ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella no ha fijado una posición pública detallada sobre cada punto del acuerdo. Esa falta de pronunciamiento es, justamente, lo que el antiguo secretariado busca revertir con su solicitud de claridad, según se desprende del llamado conocido.
Lo que sigue es la respuesta oficial del Ejecutivo y, posiblemente, una reunión entre delegados del gobierno y voceros del antiguo secretariado. El desenlace de ese diálogo marcará la pauta sobre si el proceso de implementación avanza con ajustes, se mantiene en sus términos originales o enfrenta un nuevo ciclo de tensiones políticas.