El exministro Antonio Sanguino lanzó una dura crítica al gobierno de Abelardo de la Espriella por la expedición del decreto 2708, una norma que elimina once circulares de protección a los trabajadores. Según reportó Infobae, Sanguino acusó a la actual administración de promover una agenda antiderechos con esta decisión.
El decreto 2708 es el instrumento jurídico mediante el cual el gobierno de De la Espriella derogó las once circulares que, durante el gobierno de Gustavo Petro, habían sido emitidas para reforzar la protección de los derechos laborales en distintas áreas. La eliminación de estas circulares ha generado rechazo en sectores que las consideraban herramientas de defensa para los trabajadores.
Sanguino, quien se desempeñó como ministro en el gobierno Petro, aseguró que las circulares derogadas cumplían un papel de protección frente a prácticas que afectaban los derechos de los trabajadores. Su señalamiento se centró en que derogarlas representa un retroceso en garantías que ya habían sido reconocidas por vía administrativa.
Las circulares de protección laboral son instrumentos expedidos por el Ministerio del Trabajo para orientar a empleadores y trabajadores sobre la interpretación de normas vigentes. En los últimos años se habían utilizado para precisar derechos en sectores específicos y para reforzar la actuación de las autoridades frente a violaciones laborales.
Desde la óptica del exministro, la eliminación de las once circulares no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de la actual administración que, en su lectura, apunta a desmontar medidas de protección. La calificación de agenda antiderechos resume esa preocupación y pone el debate en el terreno de los derechos fundamentales.
La decisión del gobierno de De la Espriella se inscribe en una práctica habitual de las nuevas administraciones, que al asumir revisan y derogan actos administrativos expedidos por sus antecesores. En este caso, la controversia gira en torno al alcance de esa revisión, ya que las circulares derogadas regulaban aspectos sensibles de la relación laboral.
Para los trabajadores, el efecto inmediato de la derogatoria es la pérdida de criterios administrativos explícitos que guiaban la actuación del Ministerio del Trabajo y de las inspecciones. Esto no implica, en principio, la eliminación de derechos sustantivos, pero sí puede modificar la forma en que se aplican y se defienden en la práctica cotidiana.
El pronunciamiento de Sanguino se suma al debate que se ha abierto en distintos sectores sobre el rumbo de la política laboral del actual gobierno. Sectores sindicales y organizaciones de derechos humanos suelen reaccionar cuando se derogan instrumentos de protección, pues los consideran avances concretos en la defensa de los trabajadores.
Queda por verse si la administración de De la Espriella precisará, mediante nuevos actos administrativos, cómo se reemplazarán los criterios eliminados o si dejará la regulación exclusivamente en manos de las normas vigentes sin desarrollo administrativo. También está pendiente la respuesta oficial del Ministerio del Trabajo a las críticas del exministro.
La tensión entre las decisiones del nuevo gobierno y las políticas laborales del gobierno Petro promete seguir marcando la discusión pública. El decreto 2708 ya es el punto central de esa controversia y el detonante de las acusaciones más recientes.