El gremio que agrupa a aplicaciones de domicilios en Colombia solicitó formalmente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, derogar el decreto que reglamenta la afiliación a seguridad social de los repartidores. La petición fue divulgada por la Revista Semana, medio que tuvo acceso a la comunicación del sector.
La inconformidad se centra en que, según el gremio, la reglamentación expedida por el Gobierno rompe el consenso que se había alcanzado durante la discusión de la Ley 2466 de 2025. Esa ley fue la que estableció las reglas sobre la relación entre las plataformas digitales de entrega y los trabajadores que prestan el servicio de domicilios.
Entre las plataformas agrupadas en este gremio se encuentran nombres como Rappi y DiDi Food, dos de las aplicaciones con mayor presencia en el mercado colombiano de entregas a domicilio. El sector argumenta que el decreto va más allá de lo acordado en el trámite legislativo.
El decreto en cuestión busca garantizar que los repartidores vinculados a estas aplicaciones cuenten con cobertura en salud, pensiones y riesgos laborales. Hasta antes de la Ley 2466 de 2025, la situación de afiliación de estos trabajadores era objeto de debate por la naturaleza de la relación entre las plataformas y quienes realizan las entregas.
La Ley 2466 de 2025 fue el resultado de un proceso de concertación entre el Gobierno, el Congreso y representantes del sector de plataformas digitales. Su objetivo fue definir un marco normativo que reconociera los derechos laborales y de seguridad social de los prestadores de servicios a través de aplicaciones, un universo de trabajadores que creció con fuerza en la última década en Colombia.
La diferencia entre lo pactado en la ley y lo incluido en la reglamentación genera una discusión sobre los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. El gremio considera que el decreto introduce condiciones que no fueron parte del acuerdo original, mientras que el Gobierno defiende la necesidad de garantizar coberturas efectivas para los repartidores.
Para los ciudadanos del común, el desenlace de esta controversia es relevante porque define cómo y con qué cobertura acceden a seguridad social cientos de miles de personas que trabajan como repartidores en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Cualquier cambio en la reglamentación tiene efectos directos sobre sus cotizaciones, su atención en salud y su protección ante accidentes laborales.
Desde el punto de vista institucional, la solicitud al presidente De La Espriella pone sobre la mesa el desafío de equilibrar los intereses de un sector económico en expansión con los derechos de una fuerza laboral que creció al amparo de las plataformas. El Ejecutivo deberá evaluar si mantiene el decreto, lo modifica o accede a la derogación solicitada.
Por ahora, el gremio anunció que espera una respuesta del Gobierno y no descarta acudir a otras instancias si no se alcanza un acuerdo. La controversia recién comienza y sus próximos pasos podrían incluir mesas de trabajo entre las plataformas, el Ministerio del Trabajo y los representantes de los repartidores.