Este jueves 6 de agosto las aplicaciones de domicilios elevaron una solicitud formal al Gobierno Nacional para que derogue el Decreto 0991, una norma expedida hace pocos días que regula aspectos de seguridad social de los repartidores que operan a través de estas plataformas. La petición fue reportada por El Colombiano.
El decreto en cuestión forma parte de la agenda del Ministerio del Trabajo y de las entidades de seguridad social, y busca, según el texto, ampliar la cobertura de salud, pensión y riesgos laborales para quienes se dedican a entregas a domicilio mediante aplicaciones digitales, una actividad que en los últimos años creció de forma acelerada en ciudades colombianas.
Las empresas agrupadas en cámaras y asociaciones del sector argumentan que varios apartes del Decreto 0991 imponen cargas operativas y financieras que, en su lectura, vuelven inviable el modelo actual de contratación con los repartidores. Señalan que la norma fija responsabilidades sobre aportes que, sostienen, deben ser compartidas entre la plataforma y el trabajador independiente.
La discusión se enmarca en un debate de vieja data en Colombia y en la región sobre la naturaleza del vínculo entre las aplicaciones y los repartidores. Mientras las plataformas sostienen que median entre clientes y trabajadores independientes, organizaciones de repartidores y voces legislativas han reclamado que, en la práctica, la relación tiene rasgos propios de un contrato de trabajo subordinado.
Para los ciudadanos, el punto central es qué esquema de protección social termina aplicando a quienes ganan su ingreso diario repartiendo pedidos. Si los aportes se trasladan al repartidor, su ingreso neto puede caer; si los asume la plataforma, los costos operativos suben y, eventualmente, podrían reflejarse en tarifas más altas para usuarios y restaurantes aliados.
El Ministerio del Trabajo, por su parte, ha defendido en otras oportunidades la necesidad de avanzar en formalización y cobertura, en línea con pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Organización Internacional del Trabajo sobre economía digital. En ese marco, el Decreto 0991 se presenta como un instrumento para cerrar la brecha de afiliación que afecta a buena parte de los repartidores.
Ahora la pelota está en la Casa de Nariño y en la mesa de diálogo que, según las partes, podría abrirse en los próximos días. Hasta tanto no haya un pronunciamiento oficial del Gobierno sobre la solicitud de derogatoria, la norma seguirá vigente y las plataformas deberán evaluar si acatan los nuevos lineamientos, piden medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativa o esperan una mesa de concertación.
Lo que queda en suspenso es el efecto concreto sobre los repartidores, que suman cientos de miles en el país según estimaciones gremiales, y sobre los pequeños negocios que usan estas apps como canal principal de ventas a domicilio en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.