El presidente electo Abelardo de la Espriella planteó como una de sus prioridades en materia de seguridad el combate frontal a la extorsión, un delito que golpea a comerciantes, transportadores y ciudadanos del común en buena parte del territorio nacional. En respuesta, expertos en seguridad consultados por EL TIEMPO empezaron a entregar sus primeras recomendaciones para esa línea de trabajo, según reportó el diario en su edición digital.
Entre las sugerencias concretas aparece el fortalecimiento de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, conocidos como Gaula. Estas unidades, adscritas a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, están especializadas en atender los casos de secuestro y extorsión, y los expertos consideran que requieren más personal, recursos y coordinación interinstitucional para responder con mayor velocidad a las denuncias.
Otro de los ejes señalados por los especialistas es la recuperación del control de las cárceles por parte del Estado. El sistema penitenciario colombiano ha sido reiteradamente señalado como un lugar desde el cual estructuras criminales coordinan extorsiones, cobran vacunas y dan instrucciones a sus redes en las ciudades. Devolver la gobernabilidad a los patios es, según los analistas citados por EL TIEMPO, una condición indispensable para reducir el impacto del delito.
El tercer frente recomendado apunta directamente a las finanzas de las estructuras criminales. Atacar el lavado de activos, los giros ilegales y las cuentas vinculadas a redes de extorsión es visto por los expertos como la vía para debilitar la capacidad de presión de los grupos que cobran cuotas a cambio de no atentar contra la vida, el negocio o la tranquilidad de las víctimas.
La extorsión se ha consolidado en los últimos años como una de las principales amenazas para la competitividad regional. Municipios enteros ven frenada su actividad económica por la presión de bandas que cobran a cambio de dejar trabajar, y el sector transporte es uno de los más golpeados, con rutas y vehículos paralizados cuando los conductores se niegan a pagar.
La apuesta del gobierno entrante llega en un contexto en el que las víctimas suelen denunciar poco. El subregistro es un obstáculo conocido: muchos afectados prefieren pagar o guardar silencio antes que exponerse a represalias, lo que dificulta medir la dimensión real del fenómeno y diseñar respuestas acertadas a nivel local.
El papel del sector privado y de las víctimas también entra en la conversación. Cámaras de comercio, gremios del transporte y asociaciones de tenderos suelen pedir canales de denuncia seguros y protección efectiva para quienes rompen la cadena de silencio, una exigencia que los expertos mencionan al hablar de herramientas complementarias a las tres recomendaciones centrales.
Queda pendiente ahora cómo el gobierno que comienza a delinearse traduce estas recomendaciones en políticas concretas. El fortalecimiento de los Gaula, la reforma al sistema carcelario y el cerco financiero a las redes criminals son tareas que requieren coordinación entre Ministerios, la Fuerza Pública y la rama judicial, y cuya ejecución marcará la primera prueba de la promesa de Abelardo de la Espriella frente a la extorsión.