La Armada de Colombia interceptó dos lanchas rápidas en aguas del Caribe y decomisó un total de 161 bultos con 4,69 toneladas de cocaína, según informó Infobae. En la operación fueron detenidos los ocho ocupantes de las embarcaciones, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.
De acuerdo con el reporte oficial, la sustancia incautada habría alcanzado para distribuir más de 11 millones de dosis en rutas de narcotráfico. Las autoridades antidrogas suelen calcular el número de dosis a partir del peso total decomisado para dimensionar el alcance del golpe a las redes criminales.
Las dos interdicciones marítimas hacen parte de las tareas de control que la Armada realiza de manera sostenida en el Caribe colombiano, una zona utilizada por organizaciones dedicadas al envío de droga hacia Centroamérica y Norteamérica. La operación confirma que las rutas marítimas siguen siendo el principal medio de salida de los cargamentos de cocaína producidos en territorio nacional.
Tras conocerse el resultado del operativo, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y aseguró que el narcotráfico no tendrá tregua durante su Gobierno. La declaración se enmarca en la estrategia de seguridad que la administración ha venido comunicando desde el inicio de su gestión, centrada en la presión sostenida sobre las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
El concepto de tregua, en boca del presidente, hace referencia a la continuidad de las operaciones de interdicción terrestre, fluvial y marítima, así como a la cooperación con países vecinos y agencias internacionales. Hasta el momento, el Gobierno ha destacado resultados como el que ahora se conoce, sin detallar modificaciones estructurales en la estrategia antinarcóticos.
Para los ciudadanos, el impacto de estas operaciones se mide en dos frentes. El primero es la reducción del flujo de droga que sale del país, que en teoría limita la capacidad financiera de las organizaciones criminales. El segundo es el efecto en la seguridad de las zonas costeras, donde suelen presentarse disputas entre grupos armados por el control de las rutas de envío.
Las reacciones políticas frente a los decomisos suelen dividirse entre quienes valoran los resultados operativos y quienes piden políticas de fondo que ataquen la producción en los cultivos de uso ilícito. En este caso, Infobae registró únicamente la respuesta del presidente De la Espriella, sin voces adicionales de la oposición o de expertos en política de drogas.
Queda pendiente conocer los detalles del proceso judicial contra los ocho capturados, así como el rastreo de la propiedad de la droga y de las lanchas utilizadas. La Armada, por su parte, mantiene la reserva sobre la zona exacta de la interdicción y sobre si las dos operaciones estaban o no articuladas entre sí dentro de una misma investigación.