Cristio, dirigente del movimiento En Marcha, manifestó su rechazo al decreto expedido por el Gobierno nacional sobre el porte de armas. Según el extracto publicado por La Razón, su argumento central es que armar a cada colombiano no resuelve la violencia que vive el país.
El pronunciamiento se suma al debate nacional sobre la estrategia de seguridad ciudadana. La medida modifica las condiciones para que los ciudadanos puedan portar armas de fuego, una decisión que el Gobierno defiende como un instrumento de defensa personal ante el incremento de hechos violentos.
Cristio cuestionó que la respuesta estatal frente a los homicidios y la criminalidad se enfoque en facilitar el acceso a armas de fuego. En su lectura, esta vía profundiza la presencia de armamento en la vida cotidiana en lugar de fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad.
El contexto general ayuda a entender la controversia. Colombia arrastra tasas de homicidio históricamente altas en comparación con estándares regionales, y la proliferación de armas legales e ilegales ha sido señalada por organizaciones civiles como un factor que agrava la conflictividad.
La postura de En Marcha representa a un sector de la oposición política que ha pedido privilegiar políticas de desarme, control de tráfico de armamento y fortalecimiento de la fuerza pública por encima de la autorización individual de porte.
La fuente no precisa qué artículo del decreto fue cuestionado ni la fecha exacta de su expedición, por lo que el alcance concreto de la crítica se limita al principio general de la medida. Tampoco se mencionan en el extracto cifras específicas aportadas por Cristio.
Para la ciudadanía, el debate tiene efectos prácticos directos. Una mayor facilidad para portar armas puede modificar la percepción de seguridad en espacios públicos y privados, al tiempo que organizaciones de víctimas y de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de que se incrementen los hechos violentos.
Queda pendiente conocer la reacción oficial del Gobierno frente a las críticas de Cristio y de otros sectores. También está por verse si el decreto será modificado, demandado ante la justicia o mantenido en los términos actuales, según el curso que tome la discusión pública.