El liquidador del Ministerio de Igualdad, John Milton Rodríguez, anunció una hoja de ruta para recuperar cerca de 200.000 millones de pesos durante el proceso de liquidación de la entidad. El objetivo es ordenar el cierre financiero del ministerio y responder por los compromisos pendientes con trabajadores y proveedores.
El Ministerio de Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas del gobierno anterior para articular políticas dirigidas a poblaciones históricamente excluidas. Tras el cambio de administración, el nuevo Ejecutivo decidió suprimir la entidad como parte del ajuste de gasto público, lo que abrió el proceso formal de liquidación.
Según lo informado por Rodríguez, la recuperación de recursos se sustenta en la revisión de contratos, la depuración de cuentas por cobrar y la identificación de bienes y activos que puedan ser monetizados. El liquidador sostuvo que estas acciones buscan reducir el impacto fiscal del cierre y proteger los derechos de los extrabajadores y contratistas.
En el proceso de liquidación, una de las preocupaciones centrales es el pago de acreencias laborales. Muchos de los funcionarios y contratistas del ministerio fueron vinculados durante los dos últimos años, por lo que la entidad acumula obligaciones por prestaciones, cesantías y liquidaciones que deben ser reconocidas antes de su desaparición formal.
La estrategia del liquidador también contempla la venta o entrega de activos físicos y de inventarios a otras entidades del Estado, con el fin de evitar gastos innecesarios de bodegaje o mantenimiento. Rodríguez explicó que la transferencia se hará de manera directa a ministerios o entidades que puedan darles uso.
Desde el punto de vista fiscal, el cierre del Ministerio de Igualdad se inscribe en el esfuerzo del gobierno por reducir el tamaño del Estado y reasignar recursos hacia sectores prioritarios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Ministerio de Hacienda han sido piezas clave en la definición de la estrategia presupuestal del actual gobierno.
La ruta anunciada por Rodríguez prevé varias etapas: primero, un inventario detallado de activos y pasivos; segundo, la recuperación de cartera morosa y revisión de contratos; tercero, el pago ordenado de obligaciones; y finalmente, la rendición de cuentas ante los organismos de control. Cada fase tiene plazos que el liquidador se comprometió a cumplir dentro de los términos legales.
Organizaciones sociales han expresado su preocupación por la suerte de los programas que atendía el ministerio. Aunque el cierre de la entidad no significa el fin automático de esas políticas, pues varias ya fueron reubicadas en otras dependencias, persiste la incertidumbre sobre la continuidad y el financiamiento de algunas iniciativas de equidad.
El liquidador también deberá responder ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría por el manejo de los recursos públicos durante la liquidación. Rodríguez aseguró que la transparencia será un eje del proceso y que se publicarán informes periódicos para que la ciudadanía pueda conocer el avance en la recuperación de los 200.000 millones de pesos.
Queda pendiente conocer el cronograma detallado del plan y los tiempos reales en los que se hará efectiva la recuperación de los recursos. Mientras tanto, extrabajadores, contratistas y beneficiarios de los programas del Ministerio de Igualdad esperan que el proceso se desarrolle sin traumatismos y con respeto a los derechos adquiridos.