El Gobierno nacional anunció la instalación de mesas de trabajo semanales para frenar las llamadas extorsivas que se originan desde los centros penitenciarios del país. La vocería presidencial, en cabeza de Miller Soto, explicó que el plan contempla el bloqueo de señales y la suspensión de mensajes de texto empleados en estas prácticas delictivas.
Las reuniones, según lo informado, contarán con la participación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Gaula, unidad de la Policía especializada en antisecuestro y antiextorsión. La coordinación busca articular capacidades técnicas y operativas para atacar un fenómeno que combina crimen organizado y uso de telecomunicaciones.
Como parte de la estrategia, el Gobierno contempla la realización de pilotos de bloqueo y control de ingreso de celulares a los penales. En estas pruebas trabajarán de la mano los operadores de telefonía móvil Claro, WOM y Tigo, quienes aportarán su infraestructura para rastrear y suspender las señales que se usan desde el interior de las cárceles para cometer extorsiones.
La extorsión carcelaria es una problemática de vieja data en Colombia. Familiares de personas privadas de la libertad son contactados para exigir pagos a cambio de supuestas amenazas contra la integridad del interno, y en muchos casos las llamadas se realizan con equipos celulares introducidos de manera irregular a los penales. El Inpec ha realizado decomisos recurrentes de dispositivos, pero la infiltración tecnológica ha sido difícil de contener.
La estrategia se inscribe en uno de los ejes centrales del gobierno de Abelardo de la Espriella: el combate a la criminalidad y la mejora de las condiciones de seguridad. Las cárceles son escenario y herramienta del delito, y por eso el control de las comunicaciones se ha convertido en un punto clave dentro de la política de seguridad del Ejecutivo.
Para los operadores de telefonía la participación en estos pilotos implica tareas de cooperación con las autoridades que ya tienen antecedentes regulatorios. El bloqueo de señales en zonas específicas, incluida el área de influencia de los centros penitenciarios, ha sido una herramienta contemplada en distintas normas, aunque su implementación técnica varía según la cobertura y la infraestructura de cada operador.
La anunciada periodicidad semanal de las mesas sugiere que el Gobierno apuesta por un seguimiento continuo, con ajustes sobre la marcha según los resultados de los pilotos. Voceros oficiales no detallaron en qué penales comenzarán las pruebas ni los plazos previstos para evaluar su efectividad.
La coordinación entre el Gaula y los operadores móviles apunta a uno de los eslabones más visibles del problema: el flujo de llamadas y mensajes desde los pabellones. Si los pilotos logran interrumpir ese canal, el impacto se mediría en la reducción de denuncias por extorsión carcelaria, una cifra que las autoridades suelen reportar de manera periódica.
Queda pendiente conocer los resultados concretos de las primeras mesas de trabajo, los indicadores de medición acordados y el cronograma de despliegue de los pilotos en los diferentes establecimientos carcelarios del país. El Gobierno, por ahora, presentó la estrategia sin divulgar metas cuantificables ni plazos de ejecución.