El Gobierno nacional alista un proyecto de ley para crear un estatuto antiterrorista en Colombia, según informó El Heraldo. La iniciativa será radicada ante el Congreso en el marco de las facultades ordinarias del Legislativo.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un registro de organizaciones y actores terroristas. Con este instrumento, el Estado busca identificar formalmente a los grupos armados que cometan atentados y a las personas vinculadas a esas estructuras, lo que facilitaría el seguimiento institucional y las acciones judiciales.
La propuesta también incorpora nuevas sanciones frente a modalidades criminales que no estaban contempladas en la legislación vigente. El objetivo declarado es cerrar vacíos jurídicos que han dificultado el procesamiento de conductas asociadas al terrorismo, como el reclutamiento forzado, la financiación de redes violentas y el uso de nuevas tecnologías para planear ataques.
Colombia cuenta desde 2000 con la Ley 599, que tipifica los delitos de terrorismo y financiación del terrorismo, y con la Ley 1421 de 2010, que regula la reparación a víctimas de estos hechos. El nuevo estatuto se presentaría como un complemento a ese marco legal, aunque los detalles técnicos del articulado todavía no se conocen públicamente.
En el contexto actual, el proyecto llega en un momento en el que el país enfrenta violencia de grupos armados ilegales como el ELN, disidencias de las extintas FARC y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión. Las Fuerzas Militares y la Policía han reiterado la necesidad de herramientas legales más ágiles para judicializar a los responsables de atentados y acciones terroristas.
La radicación del estatuto antiterrorista abre un debate en el Congreso sobre el alcance de las nuevas sanciones y la protección de garantías ciudadanas. Sectores defensores de derechos humanos han pedido en otras oportunidades que las normas antiterroristas incluyan controles judiciales y límites claros para evitar que se usen contra la protesta social o la oposición política.
El Gobierno tendrá que surtir el trámite legislativo en las comisiones primeras del Senado y la Cámara, donde se debatirá el texto, se escucharán expertos y se discutirán las modificaciones. La ponencia deberá sortear los debates de primer y segundo periodo antes de pasar a sanción presidencial.
Por ahora, el proyecto marca un nuevo intento por actualizar el marco legal colombiano frente a amenazas que han cambiado en su forma y alcance. Lo que sigue es conocer el texto definitivo y el cronograma de debate en el Congreso, donde se medirá el respaldo político a la iniciativa.