El medio Infobae publicó un balance sobre la evasión y la corrupción tributaria en Colombia, dos flagelos que el presidente Abelardo de la Espriella se comprometió a combatir durante su campaña. El diagnóstico identifica los impuestos de renta de las empresas y el IVA como los renglones donde se concentran las mayores pérdidas para el Estado.
La radiografía parte de una premisa que el propio medio subraya: ningún presidente colombiano ha logrado hasta ahora desmontar de forma sostenida estos dos fenómenos. Esa continuidad explica que la evasión y la corrupción sigan siendo ejes de cualquier propuesta de reforma tributaria que llega al Congreso.
Según el extracto citado, la hoja de ruta oficial para enfrentarlas pasa por cuatro líneas concretas. La primera es el fortalecimiento tecnológico de la Dian, la entidad encargada de la recaudación y la fiscalización, que en los últimos años ha impulsado cruces electrónicos de información y modelos de riesgo para detectar inconsistencias.
La segunda línea son los datos interoperables. La idea es que distintas bases públicas y privadas, como registros financieros, catastros y sistemas de facturación, puedan conversar entre sí para cruzar operaciones y reducir los espacios de opacidad. Este enfoque ya se utiliza en otras administraciones tributarias de la región.
La tercera es la revisión del régimen sancionatorio. El diagnóstico plantea sanciones más efectivas para quienes evaden o usan la estructura tributaria para lucrarse de manera ilícita. En la práctica, esto suele traducirse en multas más altas, clausuras y figuras penales como la omisión de activos o la defraudación.
La cuarta línea busca reducir el uso de efectivo en pagos de gran monto, un mecanismo habitual para mover dinero sin dejar rastro. Limitarlo obliga a bancarizar transacciones, lo que facilita el control cruzado y la trazabilidad, pero también exige ampliar la oferta de medios electrónicos confiables.
En conjunto, estas medidas apuntan al corazón del problema: la distancia entre lo que el país debería recaudar y lo que efectivamente entra a las arcas nacionales. Ese diferencial condiciona la disponibilidad de recursos para inversión social, infraestructura y seguridad.
Para los ciudadanos, el impacto potencial es doble. Si la evasión baja, el Estado podría financiarse con menos presión sobre impuestos que ya pagan asalariados y consumidores, como el IVA. Si no lo logra, la siguiente salida sigue siendo el bolsillo de quienes cumplen, o un mayor endeudamiento.
El artículo de Infobae deja varios temas abiertos. No detalla aún el cronograma oficial para implementar los cambios en la Dian, ni los montos específicos de la evasión estimada, ni los proyectos de ley que acompañarán el diagnóstico. Esos pasos marcarán si la promesa presidencial se traduce en resultados concretos.
Por ahora, el diagnóstico vuelve a poner sobre la mesa una discusión de décadas: cómo cerrar la brecha entre el sistema tributario formal y las prácticas que lo erosionan, sin afectar a los contribuyentes cumplidos ni a los sectores más vulnerables de la economía.