El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que concederá un plazo de un mes, a partir de su posesión prevista para el 7 de agosto, para que los grupos armados ilegales se sometan a la justicia. El anuncio fue reportado por Infobae, que reseñó las palabras del próximo jefe de Estado en el marco de su agenda de transición.
La postura de De la Espriella representa un punto de inflexión frente a la política de diálogos de paz que ha sido eje de la política colombiana en las últimas décadas. Desde los acuerdos con las AUC a mediados de los años 2000 hasta los acuerdos con las FARC en 2017 y los acercamientos posteriores con el ELN, Colombia ha construido un andamiaje institucional y legal alrededor de la negociación con grupos armados.
Según el extracto de Infobae, el próximo presidente ha prometido terminar los diálogos de paz vigentes una vez asuma el mando. Esa declaración se inscribe en una línea de pensamiento que cuestiona la eficacia de las mesas de negociación y privilegia el sometimiento como ruta de salida al conflicto armado interno.
La figura del sometimiento a la justicia no es nueva en el ordenamiento colombiano. La Ley de Justicia y Paz, sancionada en 2005, estableció un marco para la desmovilización y el juzgamiento de integrantes de grupos paramilitares, con condiciones como la confesión plena, la reparación a las víctimas y la entrega de bienes. Esa legislación sentó precedentes sobre los requisitos que debe cumplir un proceso de desmovilización individual o colectiva.
Para los grupos armados que operan en el territorio, el anuncio introduce un escenario de presión temporal. Las organizaciones con presencia activa en regiones como Catatumbo, Cauca, Putumayo y el sur de Bolívar tendrían que evaluar en un plazo breve si optan por la vía judicial o enfrentan la acción de la Fuerza Pública bajo un eventual marco de conmoción interior o de operaciones reforzadas, aunque el extracto no precisa las herramientas legales que se piensan usar.
El anuncio también tiene implicaciones para las víctimas del conflicto, quienes han sido reconocidas en la legislación colombiana como sujetos de derechos dentro de cualquier proceso de paz o sometimiento. La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, establece principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que, según cómo se implemente el nuevo marco, podrían verse tensionados o fortalecidos.
En el plano internacional, Colombia ha contado con acompañamiento de organismos como la Misión de Verificación de la ONU, la CIDH y facilitadores como Cuba, Noruega y Venezuela en distintos procesos. Cualquier cambio de rumbo en los diálogos activos tendría repercusiones en esos esquemas de respaldo y en la cooperación judicial transfronteriza, especialmente en zonas de frontera donde los grupos armados tienen lazos con estructuras vecinas.
La reacción del público y de los expertos en seguridad y derecho internacional humanitario se anticipa diversa. Sectores que respaldan la vía militar ven el anuncio como una señal de firmeza, mientras que voces académicas y de derechos humanos suelen advertir que los plazos cortos de sometimiento, sin garantías plenas, pueden traducirse en incumplimientos o en capturas que no resuelven las causas estructurales del conflicto.
Queda por verse cómo se articulará la medida con el resto del ordenamiento jurídico. El Gobierno entrante deberá definir si el sometimiento se canaliza por la Jurisdicción Especial para la Paz, por la justicia ordinaria o por un marco transitorio nuevo, y precisará las condiciones de elegibilidad, los beneficios penales y los compromisos de verdad y reparación que se exigirán a quienes se acojan al plazo.