La Presidencia de la República publicó una convocatoria para contratar un software de monitoreo de opinión pública enfocado en la figura del presidente Abelardo de la Espriella. La herramienta seguirá la cobertura en medios de comunicación tradicionales y en plataformas digitales, según detalla la ficha técnica conocida por Infobae.
Entre los objetivos del sistema está la detección temprana de posibles crisis de opinión y la identificación de noticias falsas que circulen sobre el mandatario. El monitoreo busca entregar información consolidada al equipo de comunicaciones del Gobierno para responder con mayor rapidez a contenidos que puedan distorsionar la percepción ciudadana.
Los proveedores interesados en ofrecer la tecnología deben presentar sus propuestas hasta el lunes 28 de septiembre. La convocatoria establece condiciones técnicas sobre capacidad de procesamiento de datos, cobertura de medios y redes, y velocidad de entrega de reportes, sin que se hayan detallado montos oficiales del contrato.
El uso de herramientas de monitoreo de percepción no es nuevo en la Casa de Nariño. Gobiernos anteriores han contratado servicios similares para hacer seguimiento a la conversación pública y a tendencias en redes sociales, un recurso que se volvió habitual desde la masificación de plataformas como X, Facebook y TikTok en la política nacional.
Para la ciudadanía, este tipo de sistemas tiene dos caras. Por un lado, puede permitir al Gobierno reaccionar con información verificada ante rumores o campañas de desinformación que afecten debates públicos. Por otro, abre preguntas sobre el manejo de datos personales, la transparencia de los criterios de medición y el uso político de los resultados, temas que suelen quedar fuera de los reportes oficiales.
La contratación ocurre en un contexto de creciente preocupación por la difusión de contenidos falsos en campañas electorales y en la gestión pública. Organizaciones de prensa y veedurías han pedido que estas herramientas se usen con reglas claras y auditorías externas, para evitar que el monitoreo se convierta en censura o en presión sobre medios independientes.
Por ahora, la Presidencia no ha anunciado qué empresa podría adjudicarse el contrato ni el costo total de la herramienta. Una vez cerrada la convocatoria del 28 de septiembre, se espera que el proceso de selección avance en las semanas siguientes, con la publicación del proveedor elegido y los alcances definitivos del sistema de medición.
Queda pendiente saber qué métricas concretas se priorizarán, cómo se manejarán los datos recogidos de redes sociales y si el Gobierno entregará reportes públicos sobre los hallazgos del monitoreo. La respuesta a esas preguntas marcará el nivel de transparencia con el que se ejecute esta nueva herramienta de comunicación presidencial.
