La directriz, expedida por el Ministerio de Transporte, establece que los vehículos de detección automática de infracciones no podrán imponer comparendos si en el lugar no se encuentra un agente de tránsito. Hasta ahora, estos automotores podían registrar presuntas violaciones al Código Nacional de Tránsito y remitirlas directamente al sistema de sanciones.
Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, los carros cazafotomultas se convirtieron en una herramienta frecuente para vigilar el respeto de normas como el pico y placa, el uso del cinturón o el paso por semáforos en rojo. Operaban en coordinación con las secretarías de Movilidad municipales, que son las encargadas de tramitar las fotomultas.
La medida llega en el marco del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y responde, según la información difundida, a la necesidad de garantizar el debido proceso en la imposición de sanciones. Al exigir la presencia física de un agente, se busca que haya una verificación humana antes de que proceda la multa.
Las fotomultas son comparendos impuestos con base en pruebas electrónicas, como fotografías o videos captados por dispositivos fijos o móviles. En Colombia, el procedimiento para imponerlas está regulado por el Código Nacional de Tránsito y por fallos de la Corte Constitucional, que han precisado los requisitos mínimos de notificación y contradicción.
El cambio introduce una diferencia operativa importante: la tecnología seguirá registrando posibles infracciones, pero la decisión de sancionarlas quedará atada a la presencia de un uniformado. Para los conductores, esto podría traducirse en un mayor número de procedimientos anulados por falta de agente en el sitio, siempre que se discuta la multa en sede administrativa o judicial.
Para las secretarías de Movilidad, que durante años contrataron operadores de estos vehículos para ampliar su capacidad de vigilancia, la directriz exige reorganizar los esquemas de control. Varias ciudades deberán ajustar los contratos vigentes o redefinir la logística de los operativos en vía.
La ciudadanía venía reclamando con frecuencia por la llegada de comparendos sin que hubiera claridad sobre el momento exacto de la infracción. Con la nueva regla, los usuarios ganan un punto adicional de protección frente a errores en la lectura de placas o en la interpretación de las cámaras, aunque el Gobierno no ha detallado todavía el mecanismo de transición.
Quedan pendientes aspectos clave del nuevo esquema. El Ministerio de Transporte aún no ha precisado si la medida aplica también a los sistemas de detección fijos, como cámaras en intersecciones, ni el plazo con el que cuentan los municipios para ajustar sus operativos. Tampoco se ha anunciado un cambio en las tarifas de las multas, que dependen del Código Nacional de Tránsito.
De La Espriella había planteado durante su campaña la necesidad de revisar los mecanismos de fotodetección como parte de una agenda de seguridad vial con énfasis en la educación, y no solo en la sanción. La directriz del Ministerio de Transporte se inscribe en ese propósito, según los planteamientos divulgados por fuentes oficiales.