El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció el refuerzo inmediato de las medidas de seguridad para los magistrados de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, según informó El Colombiano. La decisión llega después de que se conocieran alertas sobre amenazas dirigidas contra los togados.
El anuncio se hizo bajo el lema “La justicia no se intimida”, con el que el Gobierno buscó enviar un mensaje de respaldo a la rama judicial. El mensaje se produjo en un contexto de preocupación por la integridad de los funcionarios que integran el alto tribunal.
La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia y entre sus funciones está resolver los recursos de casación, juzgar a altos funcionarios del Estado y unificar la jurisprudencia en materia penal, civil, laboral y contencioso-administrativa. Por la naturaleza de los procesos que tramita, sus magistrados suelen requerir esquemas de protección reforzados.
El Gobierno no entregó en el anuncio detalles técnicos del esquema de seguridad dispuesto, pero la orden presidencial implica la activación de protocolos de la fuerza pública para reforzar la protección personal y perimetral de los magistrados. Estas medidas suelen incluir esquemas de escolta, vigilancia en sedes judiciales y coordinaciones con la Unidad Nacional de Protección.
La amenaza contra los magistrados no es un hecho aislado en la historia reciente del país. La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha debido reforzar en distintas oportunidades la seguridad de funcionarios de las altas cortes, jueces de procesos por violaciones a los derechos humanos y fiscales que llevan casos sensibles. La protección de jueces y magistrados ha sido una recomendación reiterada de organismos internacionales como la CIDH.
Para la ciudadanía, el reforzamiento de la seguridad de los magistrados tiene implicaciones directas en la continuidad de los procesos judiciales. Una amenaza efectiva o materializada puede traducirse en retrasos, renuncias o medidas de protección que alteren el funcionamiento normal de los despachos, lo que afecta a usuarios, abogados y partes involucradas en trámites ante la Corte.
La Corte Suprema ha sido blanco de atentados en el pasado. En 1985, durante la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, más de una decena de magistrados y auxiliares de la justicia perdieron la vida, un hecho que sigue marcando la relación entre el alto tribunal y los riesgos de seguridad que enfrenta.
Según la información publicada por El Colombiano, el Gobierno buscará coordinar las medidas con las propias directivas de la Corte Suprema y con las entidades de seguridad del Estado. Hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales del alto tribunal sobre los hechos que motivaron la alerta.
Queda pendiente conocer el detalle del esquema de protección, los hechos puntuales que originaron las amenazas y si las autoridades avanzarán en investigaciones que identifiquen a los responsables. El seguimiento ciudadano se concentrará en cómo evoluciona la situación de seguridad de los magistrados y en la respuesta institucional del Gobierno.