Según informó Infobae, los primeros resultados de la auditoría forense al gobierno saliente de Gustavo Petro arrojaron la radicación de denuncias penales en dos expedientes principales. Uno se relaciona con la Agencia Nacional de Tierras y otro con Cenit, la filial de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol.
El reporte da cuenta de irregularidades detectadas durante el proceso de revisión, aunque el extracto no precisa los montos, las conductas específicas ni los individuos señalados en cada expediente. La auditoría fue ordenada por la actual administración como parte del esquema de empalme y revisión de la gestión anterior.
Una auditoría forense de este tipo suele consistir en un examen técnico de contratos, convenios y movimientos administrativos con el fin de identificar posibles irregularidades. Los hallazgos pueden sustentar acciones disciplinarias, fiscales o penales dependiendo de la gravedad de lo detectado y de la documentación recaudada.
La Agencia Nacional de Tierras es la entidad responsable de la política de tierras rurales, un frente sensible en el gobierno de Petro por la implementación del catastro multipropósito, la entrega de baldíos y los procesos de formalización. Cualquier denuncia sobre su gestión reviste especial atención por el volumen de recursos manejados y por el impacto de esas decisiones en comunidades campesinas y étnicas.
Cenit Transport and Logistics, por su parte, opera los sistemas de transporte de crudo y refinados de Ecopetrol. La filial maneja una infraestructura considerada crítica para la cadena de hidrocarburos del país. Una denuncia sobre presuntas irregularidades en su administración toca de forma directa a la principal empresa estatal del sector energético.
La difusión de los hallazgos provocó una reacción inmediata de Gustavo Petro. El exmandatario respondió con un interrogante directo, al preguntar si el actual presidente es un corrupto. La respuesta se conoció en el mismo contexto en que Infobae publicó los resultados parciales de la auditoría.
El cruce de declaraciones se produce en un ambiente de alta polarización política y a pocos meses del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella. La auditoría había sido anunciada como uno de los instrumentos para revisar la herencia administrativa del gobierno anterior y, eventualmente, derivar en investigaciones formales.
Por ahora no se conocen pronunciamientos oficiales de la Agencia Nacional de Tierras, de Ecopetrol ni de Cenit sobre los señalamientos difundidos. Tampoco se detallaron públicamente los nombres de los denunciados ni el despacho judicial donde se radicaron las denuncias.
El expediente pasará ahora a manos de la Fiscalía General de la Nación y de los organismos de control competentes, que deberán evaluar la documentación recaudada durante la auditoría forense y determinar si procede abrir investigaciones formales. El desarrollo de los dos casos será determinante para calibrar el alcance real de los hallazgos iniciales.