El gobierno de Abelardo De La Espriella radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación y el Congreso de la República tiene menos de un mes para tramitarlo. La fecha límite señalada es el 20 de octubre, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. El trámite exige dos debates, uno en la Cámara de Representantes y otro en el Senado, según el procedimiento constitucional vigente.
La propuesta llega en un momento fiscal delicado. Las finanzas públicas del país arrastran un déficit creciente y una deuda que ha obligado a recortes en distintas partidas durante los últimos ejercicios. A ese cuadro se suma ahora el costo de la reconstrucción tras el terremoto, que demandará reasignaciones y, eventualmente, nuevos recursos para atender la emergencia en las zonas afectadas.
El terremoto golpeó infraestructura vial, vivienda, acueductos y centros de salud en varios municipios. Las primeras estimaciones oficiales hablan de daños por billones de pesos, aunque las cifras consolidadas dependen de los censos que adelantan las alcaldías con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La magnitud de los daños obliga a que el presupuesto contemple partidas específicas para la fase de reconstrucción.
La Comisión Tercera de la Cámara y su homóloga en el Senado serán las encargadas de discutir el proyecto en primer debate. En esas comisiones se citan cada año a los ministros de Hacienda y Crédito Público, Vivienda, Salud, Educación y Transporte, entre otros, para que expliquen las prioridades del gasto. Los ponentes deben coordinar las audiencias y entregar su informe antes de la votación en la plenaria correspondiente.
La oposición ha advertido que analizará con rigor cada rubro. Sectores cercanos al gobierno han pedido que no se frenen las inversiones sociales ni los programas de vivienda y agricultura que hacen parte del plan de gobierno. La discusión también pondrá sobre la mesa el debate entre austeridad y gasto social, una tensión que ha marcado la política económica del país en los últimos años.
El Ministerio de Hacienda defiende que el presupuesto es austero y compatible con la regla fiscal, aunque reconoce que la reconstrucción obligará a mover parte de las partidas ya aprobadas en vigencias anteriores. Analistas consultados por medios económicos han señalado que el verdadero reto será identificar fuentes de financiación sin recurrir a más deuda interna ni a una reforma tributaria en lo que resta del año.
Para los ciudadanos, lo que se apruebe en el Congreso se traducirá en recursos para carreteras, hospitales, escuelas y programas sociales. En las regiones afectadas por el sismo, la discusión presupuestal es especialmente sensible porque de ella dependen las obras de reconstrucción de vías terciarias, acueductos rurales y viviendas colapsadas. Alcaldes y gobernadores han enviado cartas al Congreso pidiendo que las transferencias no se retrasen.
Si el Congreso no logra aprobar el presupuesto antes del 20 de octubre, el artículo 346 de la Constitución permite que el Ejecutivo expida un decreto de liquidación. Esa figura se ha utilizado en varias ocasiones y suele despertar críticas porque concentra la decisión en el Ministerio de Hacienda sin debate pleno en el Legislativo. El gobierno buscará evitar ese escenario para mantener la legitimidad de la discusión presupuestal.
Queda pendiente conocer el texto definitivo del proyecto y las ponencias que se radiquen en cada cámara. También se esperan pronunciamientos de la Contraloría General y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre el impacto que tendrá la reconstrucción en las metas de déficit. La próxima semana será clave para que las bancadas definan sus posturas y empiecen las audiencias de los ministros.