El Gobierno nacional viene articulando acciones con operadores de telefonía móvil, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Gaula, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la plataforma Meta para hacer cumplir con rigor el Decreto 851 de 2024, según informó El Heraldo. La estrategia apunta a atacar de raíz la extorsión que se origina al interior de los centros de reclusión.
El Decreto 851 de 2024 es la herramienta normativa con la que el Estado colombiano pretende limitar el uso de dispositivos móviles en las cárceles. Su aplicación depende de la cooperación entre las entidades de seguridad, los operadores de telecomunicaciones y las plataformas digitales, que son las que controlan las redes donde se mueven llamadas y mensajes.
La extorsión carcelaria es uno de los delitos que más creció en los últimos años en Colombia. Desde los penales, internos o sus contactos se comunican con víctimas de a pie, comerciantes y pequeños empresarios para exigir pagos a cambio de no atentar contra su vida o su patrimonio. El Gaula, unidad especializada de la Policía y las Fuerzas Militares, tiene entre sus funciones investigar y judicializar este tipo de redes.
El Inpec, por su parte, es la entidad encargada de la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad. Una de sus tareas pendientes más críticas es el control del ingreso de celulares y dispositivos a los pabellones, donde se concentran buena parte de las comunicaciones usadas para extorsionar.
Los operadores de telefonía y la CRC cumplen un papel técnico esencial: pueden bloquear señales, suspender líneas vinculadas a hechos delictivos y regular las condiciones de operación en zonas carcelarias. La participación de Meta, por su parte, responde a que varias extorsiones se concretan a través de llamadas por WhatsApp y mensajes en redes como Facebook e Instagram, según ha documentado la prensa nacional.
La articulación entre entidades busca que el decreto no quede solo en el papel. Sin coordinación efectiva entre quienes custodian los penales, quienes regulan las telecomunicaciones y quienes operan las plataformas digitales, las medidas contra la extorsión pierden fuerza. Por eso la estrategia apunta a que cada actor cumpla un rol específico dentro de la cadena.
Para los ciudadanos, el impacto directo de estas acciones se mide en la capacidad real de reducir el número de llamadas y mensajes extorsivos que reciben a diario. Comerciantes, transportadores y residentes de zonas urbanas son las víctimas más frecuentes de este delito, que en muchos casos termina en amenazas de muerte o en atentados.
Queda por verse cómo se traduce este trabajo articulado en resultados verificables: cantidad de celulares incautados, líneas bloqueadas, capturas asociadas y, sobre todo, una disminución real de las denuncias por extorsión carcelaria. La prueba de fuego del Decreto 851 de 2024 será su capacidad de sostenerse en el tiempo y de cerrar los vacíos que han permitido que las redes de extorsión sigan operando desde las cárceles.