El presidente Abelardo de la Espriella ha dado pasos decididos para desmontar la política de paz total que marcó la fase final del gobierno anterior. Con extradiciones y la firma de varias resoluciones, la Casa de Nariño ha cerrado buena parte de las mesas de negociación abiertas con grupos armados y estructuras criminales, según reseña El Colombiano.
La paz total fue la estrategia central de seguridad y política de Estado que permitió abrir conversaciones simultáneas con múltiples organizaciones, desde disidencias de las FARC hasta el Clan del Golfo y otras bandas dedicadas al narcotráfico. Ese enfoque buscaba reducir la violencia mediante acuerdos humanitarios y compromisos de desmovilización, aunque dejó abiertas varias mesas que nunca concluyeron en acuerdos definitivos.
El desmonte se ha dado en dos frentes. Por un lado, mediante resoluciones administrativas que terminan los espacios formales de diálogo. Por otro, con decisiones judiciales como extradiciones, que retiran del país a los principales voceros de algunas estructuras, lo que en la práctica deja sin interlocutores válidos a las mesas respectivas.
Para los ciudadanos, el cierre de estas mesas implica un cambio en la estrategia de seguridad: el acento vuelve a ponerse en la fuerza pública y en la judicialización de los grupos armados, en lugar de la negociación política. En regiones donde la presencia de esos grupos es fuerte, la expectativa es si el nuevo esquema traerá mayor protección o nuevos focos de violencia.
Organizaciones de víctimas y sectores que participaron en las conversaciones han expresado preocupación por la suerte de los acuerdos parciales que se habían alcanzado, en especial los relacionados con el respeto a la población civil y con la búsqueda de personas desaparecidas. El gobierno ha señalado que esos compromisos serán atendidos por las instituciones ordinarias.
En materia institucional, el desmonte de la paz total redefine el rol de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que pierde parte de su interlocución directa con varias estructuras. También replantea la coordinación con la Fiscalía y con la Jurisdicción Especial para la Paz, que mantienen su propia ruta de trabajo.
La pregunta que queda abierta, según el reporte de El Colombiano, es cuáles son las mesas de negociación que aún están por cerrar. El gobierno ha indicado que evaluará caso por caso la conveniencia de mantener canales formales de diálogo, mientras avanza en las extradiciones y en la firma de resoluciones que dan por terminados los espacios que ya no considera viables.
En el plano internacional, el viraje es seguido de cerca por los países que acompañaron los procesos, entre ellos los garantes de los acuerdos con las disidencias. La comunidad internacional suele insistir en que cualquier cierre de mesas vaya acompañado de garantías para la población civil y para los excombatientes que venían participando en los acuerdos.