ASOPARTES, agremiación que reúne a fabricantes e importadores de autopartes en Colombia, presentó ante el gobierno encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella un documento con seis prioridades para el sector motriz, según reportó areacucuta.com.
La hoja de ruta busca, entre otros objetivos, combatir el contrabando de autopartes y avanzar en la modernización de la industria nacional. El contrabando en este sector se refiere a la entrada irregular de piezas y repuestos que evaden los controles aduaneros y afectan la recaudación de impuestos y la competencia de los actores formales.
El sector motriz es una de las cadenas productivas con mayor encadenamiento en la economía colombiana, porque abastece tanto al parque automotor nacional como a la industria ensambladora. Cuando un país cuenta con una industria de autopartes sólida, los vehículos circulan con piezas certificadas, los talleres funcionan con mayor formalidad y el fisco recibe los tributos asociados a la importación y la producción legal.
Combatir el contrabando implica reforzar controles en puertos, fronteras y carreteras, pero también exige articular a la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera y las autoridades locales. La propuesta de ASOPARTES llega al inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, una etapa en la que los gremios suelen concentrar sus principales apuestas regulatorias.
Otro eje de la hoja de ruta es la modernización de la industria, un concepto que en este tipo de agremiaciones suele traducirse en actualización tecnológica, formación de talento técnico y adopción de estándares internacionales. Para los fabricantes nacionales, modernizarse les permite competir frente a las importaciones y atender la demanda de vehículos con tecnologías más recientes.
La industria de autopartes también dialoga con la transición hacia la movilidad eléctrica. Varios países de la región han venido ajustando sus marcos regulatorios para vehículos híbridos y eléctricos, y los proveedores de autopartes enfrentan el reto de reconvertir líneas de producción tradicionales hacia nuevos componentes.
Para los ciudadanos, una política pública orientada al sector motriz tiene efectos directos. Un mercado más formalizado se traduce en mayor disponibilidad de repuestos originales, menores riesgos asociados a piezas de dudosa procedencia y precios más competitivos, además de aportar al empleo industrial en ciudades donde la actividad ensambladora tiene presencia.
También hay un componente de seguridad vial: piezas certificadas reducen fallas mecánicas, y los controles al contrabando buscan sacar del mercado productos que no cumplen normas técnicas. Por eso, las prioridades planteadas por ASOPARTES conectan con agendas de movilidad, comercio y fiscalidad.
Por ahora, ASOPARTES entregó el documento y lo puso en consideración del gobierno. Queda pendiente cómo responderá la administración de Abelardo de la Espriella, qué puntos de la hoja de ruta quedarán incluidos en el plan nacional de desarrollo y bajo qué cronograma se discutirán con el gremio.
El sector motriz seguirá atento a la respuesta oficial, en un contexto en el que las agremiaciones acostumbran a medir la disposición del nuevo gobierno por la celeridad con la que se instala una mesa técnica de trabajo y por las primeras decisiones en materia aduanera y productiva.