En zona rural del municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar, un ataque con drones cargados con explosivos atribuido al ELN dejó dos soldados heridos, según reportó La FM. El hecho encendió las alertas en esa zona del Caribe colombiano, donde las Fuerzas Militares mantienen presencia permanente para contener los grupos armados que hacen presencia en el Catatumbo y sus áreas de influencia.
Tras conocerse el ataque, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, anunció la activación de un plan de choque dirigido a responder a este tipo de agresiones. La medida incluye, según la información publicada por La FM, una orden expresa para intensificar los sistemas de defensa antidrones en la región, una capacidad que las Fuerzas Militares han venido fortaleciendo ante el uso creciente de aeronaves no tripuladas por parte de grupos armados ilegales.
El uso de drones con explosivos por parte del ELN no es nuevo en Colombia. En los últimos años, esa guerrilla ha empleado artefactos lanzados desde aeronaves no tripuladas contra tropas y bases militares, lo que obligó a las Fuerzas Armadas a desarrollar protocolos específicos de detección, neutralización e interoperabilidad. El episodio de Pelaya se suma a esa secuencia y pone a prueba nuevamente la capacidad de respuesta del Estado en zonas donde la confrontación armada se mantiene activa.
Pelaya es un municipio del sur del Cesar, cercano a la zona del Catatumbo, una región históricamente disputada por el ELN, disidencias de las antiguas FARC y otras organizaciones armadas. La convergencia de cultivos de uso ilícito, corredores de movilidad hacia Venezuela y disputa por el control territorial han hecho de esta franja una de las más complejas del país en materia de orden público.
Para la población civil, este tipo de ataques tiene efectos directos. Las comunidades campesinas de la zona rural quedan expuestas al fuego cruzado, las vías se vuelven más inseguras y la presencia institucional se limita en medio de la confrontación. Organizaciones de derechos humanos han insistido en que la respuesta militar debe ir acompañada de protección efectiva a los habitantes y de investigación sobre los hechos.
Desde el frente político, la activación de un plan de choque abre un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el gobierno de De la Espriella y el ELN. La decisión de ordenar el reforzamiento de la defensa antidrones sugiere que la administración apuesta por una línea de mano firme frente a los ataques, sin descartar eventuales operaciones ofensivas en la zona.
Por ahora, el parte militar reporta a los dos soldados heridos recibiendo atención médica. Las autoridades no han precisado su identidad ni la unidad a la que pertenecen. Tampoco se informó sobre capturas o bajas en el lado de la guerrilla tras el ataque.
Quedan varios puntos por esclarecer en los próximos días. Entre ellos, el modelo y procedencia de los drones empleados, la magnitud del dispositivo utilizado y si hubo afectaciones a la población civil. Mientras tanto, las Fuerzas Militares se mantienen en la zona y el gobierno prometió que el plan de choque se ejecutará de forma inmediata, según lo reseñado por La FM.