El presidente Abelardo de La Espriella firmó el decreto que declara la situación de desastre nacional como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 registrado en el país, informó Portafolio.co. Con esta firma, el Ejecutivo activa el marco legal previsto para atender emergencias de gran escala que comprometen la vida, la vivienda y la infraestructura de los colombianos.
La declaración de desastre nacional es una figura contemplada en la legislación colombiana para responder a eventos naturales que superan la capacidad ordinaria de respuesta de los entes territoriales. Una vez firmada, permite al Gobierno central coordinar de manera directa las acciones de búsqueda, rescate, atención y reconstrucción, y disponer recursos del presupuesto nacional con mayor agilidad.
Junto con la declaratoria de desastre, el Gobierno anunció que también decretará la emergencia económica. La emergencia económica es una herramienta constitucional que faculta al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias orientadas a conjurar la crisis y, de ser necesario, recurrir a créditos o reasignar partidas presupuestales.
El anuncio clave para los contribuyentes es que la emergencia económica no implicará, en principio, una subida de impuestos. Así lo reportó Portafolio.co al reseñar las declaraciones oficiales, en las que se buscó transmitir un mensaje de calma frente a las consecuencias fiscales del siniestro.
Un terremoto de magnitud 7,4 es un evento sísmico de alta intensidad, capaz de generar daños severos en edificaciones, vías y redes de servicios públicos. En Colombia, donde conviven zonas de alta actividad sísmica con centros urbanos densamente poblados, este tipo de movimientos suelen poner a prueba los sistemas de atención de emergencias y la capacidad de respuesta hospitalaria.
El decreto firmado por el presidente abre la puerta para que ministerios, gobernaciones, alcaldías y entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) operen bajo protocolos unificados. También facilita la llegada de ayuda internacional y la movilización de equipos técnicos hacia las zonas afectadas.
Para los ciudadanos, las implicaciones inmediatas son de dos tipos. Por un lado, la priorización de la atención en salud, vivienda y servicios públicos en los municipios golpeados por el sismo. Por otro, el acceso a recursos y programas de reconstrucción sin que se traduzca, según lo anunciado, en nuevos tributos para los contribuyentes.
La ciudadanía y los gobiernos locales esperan ahora conocer los alcances concretos del decreto de desastre nacional y del próximo decreto de emergencia económica. También siguen sobre la mesa preguntas sobre la magnitud real de los daños, las regiones más afectadas y el tiempo que tomará la recuperación, aspectos que las autoridades deberán ir precisando en los próximos días a medida que avance el censo de afectaciones.