El Ministerio de la Igualdad y Equidad, creado en 2023 durante la administración de Gustavo Petro, entrará en proceso de liquidación. La medida se confirmó después de que el Congreso archivara el proyecto de ley que buscaba revivir la entidad, según reportó Publimetro Colombia.
La cartera había sido concebida como una herramienta para cerrar las brechas de desigualdad entre regiones y poblaciones vulnerables. Desde su creación concentró varias líneas de trabajo que antes estaban dispersas en otras entidades, como la atención a comunidades étnicas, a mujeres víctimas de violencia y a población en situación de pobreza extrema.
El hundimiento del proyecto en el legislativo dejó a la entidad sin soporte jurídico para seguir operando. Las normas orgánicas del presupuesto en Colombia establecen que un ministerio que no cuenta con ley que lo respalde no puede ejecutar recursos ni mantener su estructura, lo que obliga a su supresión o liquidación por parte del Gobierno nacional.
Con la liquidación, los funcionarios de la entidad pasarán a un proceso de reubicación o retiro, según los procedimientos administrativos vigentes. Programas como los dirigidos a la población wayú, a las madres comunitarias y a jóvenes en zonas de conflicto, que eran emblemas del ministerio, quedan en un limbo institucional hasta que otra entidad los asuma.
La decisión genera incertidumbre entre las comunidades beneficiarias, que en varios territorios habían construido relaciones directas con las oficinas regionales del ministerio. Organizaciones sociales han pedido claridad sobre la continuidad de los convenios y los pagos pendientes, especialmente en zonas donde la presencia institucional es débil.
En el Congreso, distintos sectores celebraron el archivo del proyecto, argumentando que la entidad duplicaba funciones ya existentes. Otros legisladores criticaron el manejo presupuestal del ministerio y cuestionaron los resultados de su gestión a pesar de los recursos asignados en los últimos dos años.
El cierre se suma a una serie de ajustes en la estructura del Estado colombiano que se han discutido en los últimos meses, en un escenario de debate sobre la eficiencia del gasto público. Economistas y analistas han señalado que las liquidaciones ministeriales, aunque políticamente simbólicas, requieren un plan técnico cuidadoso para no afectar la atención a la población más vulnerable.
Por ahora, el Gobierno deberá expedir un decreto que formalice la liquidación, defina el inventario de bienes y establezca un cronograma de transición. La rapidez con la que se concrete ese proceso dependerá del volumen de contratos y convenios vigentes que tenga la entidad a la fecha de su supresión definitiva.