La controversia se originó en las declaraciones del excongresista Miguel Polo Polo, quien responsabilizó al presidente Gustavo Petro y al director de la UNP, Augusto Rodríguez, en caso de que se atente contra su vida. La advertencia del exlegislador reavivó el debate sobre la protección a figuras políticas en Colombia.
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, desmintió la versión de Polo Polo. Según Rodríguez, el excongresista no aprovechó el recurso de protección asignado, lo que contradice el relato del exlegislador sobre un supuesto abandono estatal en materia de seguridad.
La UNP es la entidad encargada de evaluar los riesgos y asignar esquemas de seguridad a personas amenazadas en Colombia, incluidos exfuncionarios y líderes sociales. Su funcionamiento se basa en estudios técnicos de nivel de riesgo y en la disponibilidad de recursos humanos y logísticos para la protección personal.
El esquema de protección de la UNP contempla medidas que van desde escoltas y vehículos blindados hasta chalecos antibalas y botones de pánico. La asignación depende del nivel de riesgo determinado en los estudios de la entidad, y el beneficiario debe aceptar y utilizar los elementos provistos para que el esquema funcione.
Polo Polo se desempeñó como representante a la Cámara y ganó notoriedad por sus posiciones políticas. Tras dejar el Congreso, mantuvo una presencia activa en redes sociales, donde ha cuestionado al gobierno nacional en varias ocasiones, lo que lo ubica como una figura polarizante en el debate público colombiano.
El cruce de declaraciones expone las tensiones entre figuras políticas de oposición y el gobierno saliente de Petro, en un contexto de fin de mandato. Las acusaciones de falta de protección suelen aparecer en momentos de alta polarización, cuando distintos sectores sienten que sus garantías dependen de quién ejerce el poder.
Para los ciudadanos, este tipo de polémicas resulta relevante porque la UNP protege no solo a exfuncionarios, sino también a líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, sectores que históricamente han enfrentado altos niveles de riesgo en Colombia.
Queda pendiente conocer si Polo Polo presentará pruebas concretas sobre las amenazas que dice haber recibido y si la UNP abrirá una investigación interna sobre el manejo del esquema asignado. Mientras tanto, el caso pone sobre la mesa la importancia de la transparencia en los programas de protección del Estado.