La Federación Nacional de Departamentos expresó su preocupación por el efecto que el reciente aumento del salario mínimo pueda tener sobre la clasificación presupuestal de los entes territoriales en 2028. El gremio, que agrupa a los mandatarios seccionales del país, pidió que se preserve la disciplina sobre el gasto, pero con criterios diferenciados por región.
El sistema de categorías presupuestales ordena a los departamentos, distritos y municipios según sus ingresos, su población y sus indicadores de desarrollo. Esa clasificación define montos de ingresos corrientes de libre destinación, límites de gasto y la autorización para contratar créditos y operaciones de crédito público, entre otros aspectos.
Según la Federación, un incremento en el suelo salarial se traslada a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales, porque buena parte de los contratos y la nómina oficial están atados al mínimo legal. Ese aumento de los costos puede modificar los indicadores que el Gobierno central utiliza para ubicarlos en categorías como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta.
La entidad reconoce que el propósito del incremento es proteger el ingreso de los trabajadores. También señala que, en las regiones con menor capacidad fiscal, un cambio de categoría en 2028 implicaría restricciones más severas para financiar inversión con ingresos de libre destinación y para acceder a operaciones de crédito.
El llamado de los gobernadores se inscribe en el debate sobre el impacto territorial de las políticas laborales definidas en el nivel nacional. La discusión ocurre en un contexto de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo en distintos frentes, incluidas las propuestas de modificación al Sistema General de Participaciones.
De acuerdo con la fuente, la Federación Nacional de Departamentos insiste en que el próximo Gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, mantenga la disciplina sobre el gasto territorial. A la vez, plantea que la transición hacia el nuevo marco de categorías se haga con reglas claras y transitorias, de manera que las regiones más débiles no queden atrapadas en un sobreendeudamiento.
En materia de operación cotidiana, los gobernadores pidieron que se reconozcan las diferencias entre los territorios amazónicos, los del Pacífico, los fronterizos y los del interior andino, donde los costos logísticos y de prestación de servicios públicos difieren. Argumentan que tratar a todas las entidades con un mismo rasero puede profundizar las brechas entre regiones.
Desde el punto de vista fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el encargado de definir la metodología con la que el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General de Apoyo Fiscal actualizan cada año las categorías. El ajuste de 2028 se calcula con base en la información financiera de la vigencia 2026, por lo que el efecto pleno del aumento del mínimo aún no se ha reflejado en las cifras oficiales.
La alerta de los mandatarios seccionales abre un frente de negociación con el nuevo Gobierno. Si las categorías cambian, los departamentos afectados tendrían menos espacio para financiar proyectos de inversión con recursos propios y dependerían más de las transferencias del nivel central, en un escenario fiscal ya ajustado.
Por ahora, la Federación anunció que seguirá trabajando con el Gobierno nacional y con el Congreso en los reglamentos que se expedirán antes de 2028. El propósito, según el gremio, es acordar una fórmula que combine la estabilidad macroeconómica con la sostenibilidad financiera de los departamentos, sin sacrificar la autonomía territorial.