Las Autodefensas de la Sierra Nevada, un grupo armado ilegal que delinque en esa región del norte de Colombia, elevaron un pedido formal para que el Gobierno nacional encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella instale una mesa de diálogos de paz. La solicitud fue dada a conocer por la Revista Semana.
Según el extracto publicado por la Revista Semana, el grupo actuó como vocante ante el nuevo Ejecutivo para reclamar la apertura de un canal de comunicación. En Colombia, distintas organizaciones armadas han recurrido a pronunciamientos públicos para presionar al Gobierno de turno cuando consideran que pueden obtener condiciones favorables para una negociación.
La nota de la Revista Semana subraya que el presidente De La Espriella ha sido apático frente a las propuestas elevadas por grupos armados que delinquen en varias regiones del país. Esa actitud contrasta con los acercamientos que algunos sectores ilegales intentan sostener con el nuevo Gobierno, en un contexto donde las estructuras criminales evalúan su margen de maniobra tras el cambio de administración.
La figura de las Autodefensas de la Sierra Nevada se vincula a dinámicas de violencia en zonas del Caribe colombiano, donde la presencia del Estado ha sido históricamente limitada. Ese tipo de estructuras suelen argumentar que representan a comunidades rurales y que su surgimiento responde a fallas en la seguridad y en la oferta institucional del Estado.
Cualquier eventual proceso de diálogo en Colombia pasa por el cumplimiento de la Ley 2272 de 2022, que regula los espacios de conversación con grupos armados. La norma exige, entre otros requisitos, que las organizaciones demuestren voluntad real de sometimiento y que el Gobierno evalúe la conveniencia política y jurídica de cada proceso.
Hasta ahora, el Gobierno de De La Espriella no ha emitido una respuesta oficial al pedido. Esa ausencia de pronunciamiento mantiene la incertidumbre sobre si la nueva administración seguirá una línea de diálogo con estructuras como las Autodefensas de la Sierra Nevada o si optará por un enfoque centrado en la fuerza pública y la Fiscalía.
Para los habitantes de los municipios bajo influencia de estos grupos, el desenlace de la solicitud es clave. Un eventual proceso de diálogo podría modificar las condiciones de seguridad en la región, mientras que una negativa formal mantendría el escenario de confrontación armada que ha afectado a comunidades campesinas y a la población civil de la zona.
Revista Semana, como fuente del extracto, no reveló detalles sobre el mecanismo usado por las Autodefensas para hacer llegar la propuesta al presidente, ni los puntos concretos que el grupo plantea para una eventual mesa. Esa información queda pendiente y podría ser determinante para evaluar la seriedad del acercamiento.
En las próximas semanas, analistas y autoridades locales estarán atentos a la posición del nuevo Gobierno. La decisión sobre si abrir o rechazar el diálogo marcará la pauta de la política de seguridad del Ejecutivo en una de las regiones más sensibles del país.