Olga Cecilia Vega, analista de temas de seguridad y conflicto, planteó en una columna publicada por La Última que el nuevo gobierno de Colombia necesita una estrategia de seguridad basada en inteligencia y coordinación, y no en la lógica del exterminio. Tituló su análisis “Autoridad con inteligencia, no exterminio”, una frase que resume el eje de su propuesta.
De acuerdo con la columna, Vega sostiene que el país arrastra problemas estructurales en materia de orden público. La violencia homicida, la presencia de grupos armados ilegales y la persistencia del reclutamiento de menores son, según su lectura, asuntos que no se resuelven con operativos aislados ni con discursos de mano dura.
La analista insiste en que la inteligencia es la herramienta central de cualquier política de seguridad seria. Esto implica, explica, fortalecer la capacidad de anticipación del Estado, mejorar la calidad de la información que producen las agencias y transformar esa información en decisiones operativas. Sin esa cadena, argumenta, la fuerza pública actúa a ciegas.
Vega también subraya la necesidad de articular a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía en un mismo esfuerzo. La descoordinación histórica entre esas entidades, señala, ha permitido que los grupos criminals llenen los vacíos que deja el Estado en regiones apartadas.
En el frente de la paz, la columnista recuerda que la construcción de una paz estable exige presencia integral del Estado. No basta con la desmovilización de estructuras armadas si las comunidades quedan sin vías, sin colegios, sin centros de salud y sin acceso a la justicia. La seguridad, en su lectura, es una condición necesaria pero no suficiente.
El análisis cobra relevancia por el momento político que vive Colombia. El país se prepara para la transición hacia un nuevo gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, y las primeras definiciones en materia de seguridad marcarán el tono de los próximos cuatro años. Sectores políticos y sociales esperan señales claras sobre la doctrina que se adoptará.
La propuesta de Vega se inscribe en un debate más amplio sobre el rol de la fuerza pública. Organizaciones de derechos humanos han pedido privilegiar la protección de la población civil y la investigación judicial, mientras que sectores más afines a la mano dura insisten en recuperar el control territorial con operativos de gran escala. La columnista busca un punto intermedio operativo.
Otro elemento de la propuesta es la atención al reclutamiento de menores y a la violencia contra líderes sociales. Para Vega, esos dos fenómenos son termómetros de la efectividad del Estado en las regiones. Si aumentan, dice, es señal de que la inteligencia y la presencia institucional están fallando.
El artículo cierra con un llamado a que el nuevo gobierno defina con claridad su doctrina de seguridad antes de que termine el primer año. Vega considera que esa definición temprana permite alinear a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a la Fiscalía bajo objetivos comunes y medibles. Sin esa columna vertebral, advierte, la estrategia se diluye.
La columna de Vega se suma a las voces que piden al gobierno entrante una política de seguridad técnicamente sólida y respetuosa de los derechos humanos. El debate, según la autora, debe dejar atrás los slogans y entrar en el terreno de los indicadores concretos y de la coordinación sostenida.