El presidente Abelardo De La Espriella solicitó formalmente al nuevo Contralor la creación de un grupo élite dedicado a investigar presuntas irregularidades del gobierno anterior. El pronunciamiento fue difundido por el medio Guajira Gráfica, que tituló la declaración con un llamado directo: “Ayúdeme a combatir la corrupción”.
Durante su intervención, el mandatario afirmó que el país atraviesa la peor crisis fiscal de su historia reciente, producto, según sus palabras, del “latrocinio” del gobierno saliente. La frase fue dirigida al titular del organismo de control como una petición de cooperación institucional frente a lo que considera un daño patrimonial al Estado.
La Contraloría General de la República es el ente encargado de vigilar el uso de los recursos públicos y de abrir procesos de responsabilidad fiscal contra funcionarios y contratistas. La creación de un grupo élite dentro de esta entidad implicaría concentrar recursos humanos y técnicos en una línea específica de investigación sobre la administración anterior.
El cambio de Contralor se produjo en el marco del inicio del nuevo gobierno. Las primeras semanas de una administración suelen marcar la relación entre el Ejecutivo y los organismos de control, que conservan su independencia pero responden a las prioridades políticas del momento. La petición del presidente se inscribe en esa dinámica inicial.
El concepto de “latrocinio” ha sido usado en Colombia para describir apropiaciones indebidas de recursos públicos que, por su escala, comprometen la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Al invocarlo, el presidente eleva el tono del reclamo y ubica la pesquisa en el terreno de los grandes casos de corrupción administrativa.
La solicitud no detalla todavía los hechos concretos que serían materia de investigación ni los montos estimados del daño fiscal. Queda por verse si el nuevo Contralor acoge la petición tal como fue planteada o si la encausa por los canales regulares del organismo, que incluyen indagaciones preliminares y trasladados a otras entidades cuando corresponde.
Para la ciudadanía, el anuncio abre una expectativa sobre eventuales resultados en el corto y mediano plazo. Los grupos de investigación al interior de la Contraloría suelen tardar meses en producir hallazgos públicos, pues deben surtir etapas de pruebas, descargos y decisiones de responsabilidad fiscal antes de llegar a sanciones o a la jurisdicción penal.
En las próximas semanas se conocerá la composición del equipo solicitado y el alcance temporal de la pesquisa. Mientras tanto, el gobierno hereda una discusión nacional sobre el tamaño real del hueco fiscal y sobre los mecanismos para recuperar los recursos que, según la nueva administración, fueron desviados.