El exfiscal General Francisco Barbosa dirigió una advertencia pública al presidente Abelardo de la Espriella sobre el estado de la seguridad en Colombia. En su planteamiento, señaló que la crisis actual exige una respuesta estatal que articule a la fuerza pública, la justicia y los organismos de inteligencia y control fiscal, según el extracto publicado por Infobae.
Barbosa sostuvo que la criminalidad en el país dejó de ser un fenómeno exclusivo de las zonas rurales. Su afirmación apunta a que las organizaciones armadas y las redes delictivas han extendido su presencia e influencia a cabeceras municipales, corredores urbanos y estructuras económicas formales, lo que redefine el alcance del problema.
Como exfiscal General, Barbosa lideró entre 2020 y 2024 la persecución penal de estructuras criminales y procesos de investigación que involucraron a la Fiscalía, la Policía Nacional y agencias de inteligencia. Su llamado se inscribe en el debate sobre la capacidad institucional del Estado para responder a redes que combinan narcotráfico, minería ilegal, extorsión y otros delitos.
El exfuncionario planteó que la estrategia debe incluir un compromiso presupuestal prioritario por parte del Gobierno nacional. En la práctica, esa petición implica garantizar recursos sostenidos para dotaciones, logística, tecnología y personal operativo de las entidades que participan en la lucha contra el crimen organizado.
Además, Barbosa mencionó la necesidad de cooperación internacional, con énfasis en Estados Unidos e Israel. La referencia apunta al intercambio de capacidades tecnológicas, inteligencia y formación especializada que ambos países han sostenido con fuerzas de seguridad latinoamericanas en años recientes.
El extracto recoge la postura de un exfuncionario que ya no ocupa cargo público, por lo que sus declaraciones se ubican en el terreno del análisis y la opinión. La advertencia llega en un momento en que el Gobierno de De la Espriella debe definir los lineamientos de su política de seguridad y las prioridades del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Para la ciudadanía, el debate central es cómo impacta la expansión de la criminalidad a zonas urbanas en la vida cotidiana. Temas como la extorsión a comerciantes, el sicariato, el control de rutas de narcotráfico y la presencia de grupos armados en municipios intermedios forman parte de la agenda que Barbosa puso sobre la mesa.
A la espera de una respuesta oficial del Gobierno, la advertencia del exfiscal deja planteada la pregunta sobre si la administración De la Espriella adoptará un esquema de seguridad con coordinación interinstitucional, presupuesto estable y cooperación internacional, o si optará por otro tipo de enfoque frente a un problema que, según Barbosa, ya no se limita al campo colombiano.
Queda pendiente conocer la reacción del presidente Abelardo de la Espriella y de su equipo de seguridad, así como los anuncios concretos del Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía sobre recursos, operativos y alianzas internacionales para enfrentar la criminalidad en los próximos meses.