El presidente electo Abelardo De La Espriella manifestó su intención de impulsar una reforma para que Barranquilla obtenga un estatus equiparable al de Bogotá, según reportó Minuto60. La declaración se enmarca en sus primeras intervenciones públicas tras resultar elegido y pone sobre la mesa el papel de las capitales regionales en la arquitectura institucional del país.
Bogotá ostenta desde 1991, con la Constitución vigente, el carácter de Distrito Capital, una figura que le otorga competencias especiales en materia de ordenamiento territorial, autonomía fiscal y representación política. Ese régimen le permite, por ejemplo, administrar sus propios recursos y contar con un régimen laboral distinto al de los demás municipios. La aspiración barranquillera pasaría por alcanzar condiciones administrativas equivalentes.
Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico y la cuarta ciudad más poblada de Colombia. En la práctica, la urbe ya concentra buena parte de la actividad económica, portuaria y cultural de la región Caribe, y desde 2021 cuenta con el estatus de Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, una categoría que le reconoce particularidades sin igualar las atribuciones del Distrito Capital bogotano.
La propuesta del presidente electo reaviva un debate que ha aparecido en distintas coyunturas políticas del país. Sectores del Caribe han planteado históricamente que las capitales de esa región necesitan mayor autonomía para gestionar su desarrollo, dada su relevancia poblacional y económica dentro de la nación.
En términos de implicaciones ciudadanas, un eventual cambio de rango podría traducirse en nuevas competencias para la alcaldía de Barranquilla, ajustes en la relación con la Gobernación del Atlántico yeventuales modificaciones en el manejo presupuestal de la ciudad. Los habitantes sentirían los efectos principalmente en la gestión de servicios públicos, planeación urbana y tributos locales.
El alcance real de la iniciativa dependerá de los mecanismos jurídicos que el Gobierno nacional active. Una reforma de esa naturaleza podría requerir una reforma constitucional, la expedición de una ley orgánica o la promoción de un acto legislativo ante el Congreso de la República, instancias en las que se definirían los límites y alcances de la nueva categoría.
Hasta el momento, la propuesta no cuenta con un texto articulado público ni con un cronograma oficial. Sectores políticos, académicos y gremiales del Caribe y del centro del país seguramente presentarán observaciones sobre los beneficios, costos y precedentes de modificar el régimen de las ciudades capitales en Colombia.
La declaración se suma a la agenda inicial del presidente electo, que en sus primeras semanas ha marcado posturas sobre descentralización, seguridad y desarrollo regional. La reacción de los mandatarios locales y de la opinión pública del Atlántico será clave para medir el respaldo político a la iniciativa en las próximas semanas.