Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y uno de los impulsores del acto legislativo que abrió la puerta a la descentralización del Estado colombiano, reaccionó a la decisión del nuevo Gobierno de retirar el proyecto de ley que buscaba avanzar en ese proceso. La retirada del proyecto ha reabierto el debate sobre la organización territorial del país y el papel de las regiones frente al Gobierno nacional.
Cristo fue senador y ministro del Interior durante el periodo 2014-2018. En esa etapa lideró la negociación con las Farc en el punto seis de los diálogos de La Habana, referido a la implementación de los acuerdos, y promovió reformas orientadas a dar más herramientas a los municipios y departamentos. Su voz suele ser referencia en los debates sobre reforma política y ordenamiento territorial.
En su pronunciamiento, el exministro sostuvo que Bogotá no es responsable del centralismo sino víctima de este. Con esa frase buscó responder a quienes señalan a la capital como beneficiaria de un modelo que concentra recursos, funciones y poder político en el Ejecutivo nacional. Para Cristo, la discusión sobre descentralización debe partir de reconocer que las ciudades y regiones necesitan más autonomía, no menos.
La descentralización es un tema de larga tradición en Colombia. La Constitución de 1991 estableció principios como la autonomía de las entidades territoriales, la transferencia de competencias y la elección popular de gobernadores y alcaldes. Sin embargo, en las décadas siguientes, distintos análisis han señalado que el país sigue siendo uno de los más centralizados de América Latina, con baja capacidad de recaudo local y alta dependencia de las transferencias del nivel nacional.
El proyecto retirado por el Gobierno buscaba, según se conoció en su trámite, profundizar en la asignación de competencias y recursos a los entes territoriales. La decisión de archivarlo se produce en medio del inicio de una nueva administración nacional, que ha priorizado otras agendas en sus primeros meses de gestión, incluida la discusión de reformas sociales y económicas de mayor alcance.
Sectores académicos y políticos han reclamado en distintas oportunidades que el Congreso adelante una reforma territorial seria. Argumentan que sin más autonomía fiscal y administrativa, los municipios no podrán mejorar la prestación de servicios públicos ni cerrar las brechas entre regiones. La retirada del proyecto, según críticos, deja ese debate en pausa y lo devuelve al escenario electoral y legislativo de los próximos años.
Para los ciudadanos, el debate tiene efectos prácticos. Una mayor descentralización puede traducirse en decisiones más cercanas sobre vivienda, movilidad, salud y educación, y en una rendición de cuentas más directa de los mandatarios locales. A la inversa, un esquema centralista limita la capacidad de respuesta de alcaldes y governors ante las necesidades de su territorio.
Queda por verse si el Gobierno presentará una nueva iniciativa en esta materia o si el impulso quedará en manos del Congreso y de los movimientos regionales. Por ahora, la intervención de Cristo deja planteada una defensa del proceso iniciado con el acto legislativo y un llamado a no responsabilizar a las ciudades del problema que, según su lectura, han padecido.
La discusión sobre descentralización suele reactivarse en momentos de crisis fiscal o de tensión entre el Gobierno nacional y los mandatarios locales. En ese contexto, las palabras del exministro reabren un capítulo que parece lejos de cerrarse en la agenda pública colombiana.
