Una decisión judicial le ordenó al gobierno nacional tomar medidas frente a la presencia de menores de edad reclutados por grupos armados en las zonas donde se realizan bombardeos. El pronunciamiento surgió a partir de una acción de tutela interpuesta por el abogado Jimmy Borda Parra, según explicó el propio litigante a La FM.
La tutela señala que los menores reclutados por estructuras armadas ilegales quedan en riesgo cuando las operaciones militares se ejecutan en los mismos territorios donde permanecen esos niños y adolescentes. La decisión llama al gobierno a incorporar ese factor en la planeación y ejecución de las operaciones aéreas contra organizaciones criminales.
El abogado Borda Parra explicó a La FM los puntos centrales del fallo. Según su lectura, la providencia obliga a las autoridades competentes a garantizar la protección de los menores vinculados forzadamente a esos grupos y a verificar que las acciones militares no pongan en peligro sus derechos fundamentales.
La discusión sobre menores en zonas de conflicto se ha mantenido en la agenda pública colombiana durante las últimas décadas. El reclutamiento forzado por parte de grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales es un delito tipificado en el Código Penal colombiano, y distintas sentencias de la Corte Constitucional han reiterado la obligación del Estado de prevenirlo y de atender a las víctimas una vez son liberados.
En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad encargada de recibir y restablecer los derechos de los menores que salen del reclutamiento. La jurisprudencia ha señalado que las Fuerzas Militares deben articularse con las autoridades civiles de protección infantil cuando existan indicios de menores presentes en los sitios de las operaciones.
El impacto de la decisión se proyecta sobre la población civil que habita en regiones afectadas por la confrontación armada, en particular comunidades rurales donde los grupos armados tienen presencia. Para esas comunidades, la posibilidad de un bombardeo en zonas donde hay menores representa un riesgo directo que las organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera reiterada.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que los bombardeos en zonas con presencia de menores pueden derivar en víctimas civiles y en afectaciones al principio de distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. La discusión sobre dónde y cómo se ejecutan estas operaciones ha generado tensiones entre la necesidad militar de golpear a las estructuras armadas y la obligación de proteger a la población no combatiente.
Por ahora, el gobierno deberá responder a los requerimientos de la decisión judicial y ajustar, si es necesario, los protocolos de operación. La tutela y el pronunciamiento del abogado Borda Parra dejan sobre la mesa la pregunta sobre cómo se compatibiliza la ofensiva militar contra los grupos armados con la garantía de los derechos de los menores que han sido forzados a integrar esas organizaciones.