El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, trabaja en la exportación de su conocido modelo de megacárcel hacia Colombia, según publicó La Silla Rota. La propuesta llega al país en un contexto político particular: el nuevo presidente colombiano es Abelardo de la Espriella, figura de la derecha que durante su campaña ya había expresado admiración por el líder salvadoreño.
El modelo de megacárcel se hizo conocido por Bukele como pieza central de su estrategia de seguridad en El Salvador, que incluyó el encarcelamiento masivo de pandilleros bajo un régimen de excepción y la construcción de un centro penitenciario de gran capacidad. Las críticas internacionales han señalado denuncias de hacinamiento, opacidad y restricciones a derechos de los reclusos, mientras el gobierno salvadoreño defiende los resultados en materia de reducción de homicidios.
De acuerdo con la nota de La Silla Rota, la idea es replicar la infraestructura y el enfoque de mano dura en Colombia. El diario no precisa montos, fechas ni ubicaciones concretas del eventual proyecto. Lo que sí deja claro el extracto es el vínculo personal entre ambos mandatarios: la afinidad ideológica declarada por De la Espriella hacia Bukele durante la campaña.
Para los ciudadanos, el tema toca un punto sensible. Colombia arrastra problemas de hacinamiento carcelario, hacinamiento en estaciones de policía y una crisis de violencia que incluye organizaciones criminales, disidencias y estructuras dedicadas al narcotráfico. Una megacárcel, según el gobierno salvadoreño, busca albergar a presos de alta peligrosidad bajo condiciones de encierro severo. Los críticos advierten que ese tipo de recintos suele limitar el acceso a defensa, visitas y rehabilitación.
En el plano institucional, una eventual adopción del modelo implicaría decisiones de alto nivel: definir la ubicación de la obra, el presupuesto, el marco legal que la regiría y los mecanismos de control. También abriría un frente diplomático activo con El Salvador, que vendería, según el medio, su experiencia en materia de seguridad y construcción carcelaria. Las transferencias de este tipo suelen incluir asesoría técnica, capacitación de personal y, en algunos casos, participación de empresas salvadoreñas en la obra.
El contraste entre ambos países es marcado. El Salvador declaró estado de excepción por más de dos años consecutivos y reporta una caída pronunciada de los homicidios, pero organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado violaciones a derechos humanos y miles de capturas sin las debidas garantías. Colombia, por su parte, opera bajo un estado de derecho con controles judiciales independientes, lo que obligaría a cualquier plan de este tipo a pasar por el filtro del ordenamiento jurídico nacional.
En lo político, el hecho consolida la alineación del nuevo gobierno con el llamado bukelismo, una corriente que defiende el encarcelamiento de gran escala y la militarización de la seguridad como herramientas legítimas contra el crimen. Sectores afines celebran la posibilidad de un giro drástico. Sectores opuestos, entre ellos organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición, anticipan un debate intenso en el Congreso y en los tribunales sobre la constitucionalidad de un proyecto de esa naturaleza.
Lo que sigue ahora es el cronograma oficial. Ni la fuente ni el extracto mencionan si ya existe un acuerdo firmado, un decreto en preparación o una etapa de estudios. Por ahora, lo confirmado es que Bukele promueve activamente la exportación del modelo y que el nuevo presidente colombiano mostró afinidad con esa visión. La pelota está en la cancha del gobierno de De la Espriella: anunciar el proyecto, archivarlo y presentarlo a debate público dependerá de cómo se desenvuelva la relación bilateral en los próximos meses.