La Cámara Colombiana de la Infraestructura expresó su respaldo al llamado hecho por el presidente Abelardo de la Espriella para articular el trabajo en obras con gobernadores y alcaldes. Según el gremio, la apuesta del nuevo Gobierno apunta a reactivar la inversión en las regiones y a cerrar las brechas que durante años han limitado la competitividad del país.
El sector de la infraestructura en Colombia es uno de los motores de la economía nacional. Las obras de vías, puentes, aeropuertos y saneamiento básico generan empleo y conectan zonas apartadas con los centros urbanos. Por eso, para los gremios del ramo, la relación directa entre el Gobierno nacional y los mandatarios locales resulta clave para destrabar proyectos que llevan años en estudios o en procesos de contratación.
En su comunicado, la Cámara pidió que los proyectos respondan a criterios técnicos claros. El gremio insistió en que cada iniciativa debe evaluarse por su impacto social, su rentabilidad económica y su sostenibilidad ambiental. Esa postura refleja una preocupación histórica del sector: evitar que las obras se conviertan en anuncios sin ejecución o que se prioricen por motivos políticos y no por necesidad real.
El llamado del presidente De la Espriella se dio en un contexto donde varias regiones han reclamado mayor inversión en infraestructura vial y social. Alcaldes y gobernadores suelen señalar que los recursos del Presupuesto General no alcanzan para cubrir las demandas locales, y que dependen de los aportes del orden nacional y de asociaciones público-privadas.
Para los ciudadanos, la articulación entre Nación y territorio tiene efectos directos en la calidad de vida. Una vía en buen estado reduce tiempos de transporte y costos logísticos. Un acueducto funcionando lleva agua potable a comunidades rurales. Un hospital bien dotado mejora la atención en zonas apartadas. Cada obra bien ejecutada se traduce en servicios públicos más eficientes.
El gremio también recordó que la transparencia en la contratación y la vigilancia ciudadana son condiciones indispensables. En Colombia, los escándalos por sobrecostos y retrasos han marcado la historia reciente de grandes proyectos. Por eso, la Cámara insistió en que los nuevos procesos deben asegurar veedurías ciudadanas y rendición de cuentas desde la etapa de planeación.
Desde el punto de vista institucional, este respaldo del sector privado marca un tono de cooperación inicial entre el Gobierno y los gremios. La infraestructura suele ser un punto de encuentro entre lo público y lo privado, porque muchas obras se financian mediante concesiones o esquemas de participación privada. Mantener ese diálogo resulta clave para avanzar en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes territoriales.
Quedan varios retos por delante. El primero es traducir el llamado presidencial en decisiones concretas: presupuestos asignados,cronogramas claros y equipos técnicos en las regiones. El segundo es garantizar que los proyectos lleguen a las zonas más necesitadas y no solo a las ciudades principales. El tercero es medir resultados y publicar avances para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento.
En las próximas semanas se espera que el Gobierno detalle las líneas de acción en materia de infraestructura y los mecanismos de coordinación con las entidades territoriales. Mientras tanto, gremios, mandatarios locales y veedurías estarán atentos a cómo se materializa ese compromiso en obras que mejoren la vida cotidiana de los colombianos, según lo reportado por La FM.