La Cámara de Representantes se sumó a la decisión que ya había tomado el Senado de la República y respaldó el sentido de la iniciativa que busca mantener los méritos como requisito para acceder a cargos públicos en Colombia. El proyecto sobrevivió así a los reparos de inconstitucionalidad que había formulado el presidente Abelardo de la Espriella, según informó Infobae.
La corporación aprobó el articulado sin aceptar las objeciones del Gobierno nacional. El trámite legislativo continúa ahora en la Corte Constitucional, que deberá realizar el control automático e integral de la ley antes de que pueda ser promulgada. Si el alto tribunal la declara exequible, entrará a regir; si la declara inexequible, caerá por completo.
La iniciativa fue impulsada originalmente por el hoy senador Hernán Cadavid, vinculado al Centro Democrático. El propósito declarado es blindar los concursos de méritos como vía de ingreso y ascenso en el Estado, un principio que ha sido defendido por distintos gobiernos y que ha estado en el centro del debate sobre la calidad del empleo público en Colombia.
Los reparos presidenciales señalaban que algunos artículos del proyecto presentaban vicios de inconstitucionalidad. Al ser rechazados por el Congreso, ambas cámaras coincidieron en superar esos cuestionamientos por mayoría, lo que despeja el camino del texto hacia el estudio de fondo por parte del tribunal constitucional.
Para los ciudadanos, el resultado de esta ley tiene efectos directos sobre cómo se accede a un cargo en entidades del Estado. Un sistema basado en mérito apunta a que la selección dependa de pruebas objetivas y competencias demostradas, en lugar de nombramientos discrecionales o clientelares.
La discusión no es nueva en el país. En las últimas décadas, la figura del mérito ha sido defendida como herramienta contra la politización de la burocracia y como garantía para que los servidores públicos tengan los conocimientos técnicos necesarios para sus funciones.
Ahora la pelota está en la Corte Constitucional. El alto tribunal tendrá que decidir si la ley se ajusta a la Carta Política en su totalidad, si requiere ajustes parciales o si, por el contrario, debe ser declarada inexequible. Hasta que no haya pronunciamiento, la norma no entrará en vigencia.
Según Infobae, la Cámara también desestimó los reparos del Ejecutivo y acompañó el sentido del proyecto impulsado por el senador Cadavid, lo que confirma la postura mayoritaria del Congreso frente a la objeción presidencial.