Cambio Radical, una de las colectividades con representación en el Congreso, anunció su respaldo al plan del Gobierno nacional destinado a agilizar la consulta previa, el mecanismo constitucional que garantiza el derecho de los pueblos étnicos a ser consultados sobre medidas administrativas o legislativas que los afectan directamente. La información fue divulgada por el medio Infobae.
El pronunciamiento incluye condiciones. La colectividad solicitó que se fijen plazos definidos para cada etapa del proceso, que se digitalicen los expedientes y que se incorporen controles independientes que supervisen el cumplimiento de los tiempos. Con esas herramientas, según la bancada, se busca reducir los retrasos que hoy enfrentan proyectos de infraestructura, energía y minería con incidencia en territorios de grupos étnicos.
La consulta previa está regulada en la Constitución y en convenios internacionales ratificados por Colombia, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En la práctica, los plazos del trámite no están unificados y suelen extenderse durante meses o años, lo que ha generado quejas tanto de comunidades como de inversionistas y entidades del Estado encargadas de ejecutar obras.
La propuesta del Gobierno que respalda Cambio Radical contempla, según la información publicada, modificaciones al procedimiento para hacerlo más predecible. La bancada considera que introducir términos perentorios y una plataforma digital de seguimiento permitiría a las partes conocer el estado de cada solicitud sin depender de trámites presenciales ni de archivos físicos dispersos en distintas entidades.
El respaldo del partido llega en un contexto en el que el Ejecutivo busca destrabar proyectos estratégicos de infraestructura vial, generación eléctrica y exploración minera. Para las comunidades étnicas, la consulta previa es una garantía de participación y de respeto a sus derechos colectivos. Para los sectores productivos, es un paso indispensable cuya duración incide en la viabilidad financiera de las iniciativas.
Los controles independientes que pide la colectividad apuntan a verificar que las decisiones se adopten dentro de los plazos y que las objeciones de las comunidades sean resueltas con criterios técnicos. Este punto cobra relevancia porque en el pasado se han presentado denuncias sobre acuerdos que no reflejan la voluntad de las comunidades o sobre procesos que avanzan sin el consentimiento exigido por la ley.
La bancada también insistió en que la reforma debe mantener intacto el derecho fundamental a la consulta. Es decir, los cambios procederimentales no pueden traducirse en una reducción de las garantías para los pueblos indígenas, afrodescendientes y raizales. La tensión entre eficiencia administrativa y protección de derechos ha sido el centro del debate sobre este mecanismo en los últimos años.
Ahora queda por conocer el texto concreto del plan y la ruta legislativa o administrativa que seguirá. Si el Gobierno presenta un proyecto de ley, deberá surtir su trámite en el Congreso. Si opta por un decreto o por ajustes regulatorios, el debate se trasladará a la jurisdicción contencioso-administrativa. En cualquiera de los escenarios, el respaldo de Cambio Radical suma un voto clave en la discusión.
La implementación efectiva de los cambios, una vez sean aprobados, requerirá recursos para digitalizar los expedientes, capacitación a los funcionarios y un cronograma de transición claro. Hasta tanto, los procesos en curso seguirán rigiéndose por las normas vigentes y las comunidades continuarán ejerciendo el derecho a ser escuchadas antes de cualquier decisión que las afecte.