Cambio Radical elevó un llamado público para que los organismos de control, en particular la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, intensifiquen la vigilancia sobre los procesos de contratación pública que se adelanten durante el empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella. La petición se concentra en una etapa considerada sensible por la magnitud de movimientos presupuestales y administrativos que suele concentrar.
La colectividad argumentó que las semanas previas y posteriores a un cambio de gobierno suelen estar marcadas por una alta actividad contractual, con ajustes de último momento, liquidaciones y nuevos compromisos que comprometen vigencias futuras. Según el partido, este contexto eleva el riesgo de decisiones apresuradas o poco transparentes, por lo que resulta indispensable que los entes de control acompañen el proceso de forma preventiva y no solo reactiva.
La Procuraduría tiene entre sus funciones la vigilancia de la conducta de los servidores públicos y puede abrir indagaciones disciplinarias cuando detecte posibles faltas en la ejecución de contratos o en el manejo de bienes del Estado. La Contraloría, por su parte, ejerce el control fiscal y está facultada para revisar la legalidad y la eficiencia del gasto público, incluyendo los procesos de selección, celebración y ejecución de contratos con cargo al presupuesto nacional.
El empalme presidencial es el procedimiento mediante el cual el gobierno saliente comparte con el equipo del presidente electo la información sobre el estado de las entidades, los proyectos en curso, la ejecución presupuestal y los compromisos pendientes. En la práctica, ese ejercicio incluye reuniones técnicas, informes de gestión y la entrega de bases de datos que permiten al nuevo gabinete preparar el arranque de su administración.
Cambio Radical también llamó la atención sobre la necesidad de que la transición se adelante con criterios de publicidad y trazabilidad, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer qué decisiones contractuales se adoptan en ese intervalo. El partido sostuvo que la transparencia en este momento es clave para que la nueva administración de Abelardo de la Espriella reciba un panorama claro del Estado y para que no se hereden controversias legales ni fiscales.
La solicitud se suma a los debates que suelen acompañar cada cambio de gobierno en Colombia sobre el manejo de los recursos públicos en los meses finales de una administración. Sectores políticos y veedurías ciudadanas han señalado en ciclos pasados la importancia de que los ministerios y entidades descentralizadas cierren sus compromisos de forma ordenada y documentada, con el fin de evitar detrimentos patrimoniales o contratos sin la debida justificación.
Por ahora, el llamado de Cambio Radical queda como un exhorto político. La decisión de activar alertas tempranas, abrir investigaciones de oficio o solicitar informes detallados sobre la contratación durante la transición corresponde, en última instancia, a la Procuraduría y a la Contraloría, que son las entidades competentes para ejercer el control disciplinario y fiscal sobre la administración pública nacional.
Queda pendiente observar si los organismos de control responden con acciones concretas al pedido del partido, y si el equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella solicita también información específica sobre los contratos en curso. La manera en que se maneje este tramo de la transición será determinante para fijar el punto de partida de la nueva administración en materia de contratación estatal.