El partido Cambio Radical solicitó de manera formal a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación que asignen equipos especializados para vigilar la contratación pública durante el proceso de empalme con el gobierno que asumirá el poder. La petición fue dada a conocer por el diario El Heraldo de Barranquilla.
Según la colectividad, es indispensable que los organismos de control adopten medidas concretas y efectivas para proteger el patrimonio público en esta etapa de transición. El argumento central es que el empalme entre administraciones es un momento sensible, pues suelen definirse compromisos presupuestales y contractuales que comprometen recursos de los próximos años.
La dirección del partido calificó como inadmisible que se antepongan intereses politiqueros sobre el erario. Con esa expresión pidió que cualquier decisión de contratación en los últimos meses de la administración saliente pase por un filtro estricto de legalidad y conveniencia.
La figura del empalme en Colombia es una práctica institucional mediante la cual los equipos de gobierno saliente y entrante intercambian información sobre el estado de las entidades, los programas en ejecución y los proyectos en curso. Aunque no tiene rango legal único, se ha consolidado como un mecanismo de transición ordenado, en especial desde los acuerdos de la Misión de Crecimiento y los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación.
El papel de la Contraloría es la vigilancia fiscal de los recursos públicos, mientras que la Procuraduría ejerce control disciplinario sobre los servidores del Estado. Cuando ambos organismos intervienen de manera preventiva en una transición, pueden emitir alertas tempranas, abrir indagaciones preliminares o acompañar con auditorías específicas los procesos de contratación sospechosos.
La solicitud de Cambio Radical se inscribe en una preocupación más amplia que han expresado distintos sectores políticos y veedurías ciudadanas sobre el uso de la contratación pública en los cierres de gobierno. En Colombia, la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones regulan la contratación estatal, y establece principios de transparencia, economía y responsabilidad. Sin embargo, el volumen de contratos que se firman en los últimos meses de cada administración suele ser superior al promedio, según han señalado en diversas oportunidades la Contraloría y la Veeduría Ciudadana.
De aceptarse el pedido, los organismos de control deberán definir el alcance de su acompañamiento: si será una vigilancia focalizada en ministerios clave, si incluirá a entidades descentralizadas o si se limitará a una advertencia pública. El empalme entre el gobierno saliente y el entrante, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, requiere que ambas partes compartan balances financieros, inventarios de proyectos y reportes de ejecución presupuestal.
Por ahora, la solicitud queda radicada en la Procuraduría y la Contraloría, que son autónomas para decidir si aceptan o no la petición del partido. El calendario del empalme y los nombres de quienes integrarán los equipos de transición por parte del nuevo gobierno son aspectos que se conocerán en las próximas semanas, según el desarrollo del proceso.
La ciudadanía queda a la expectativa de que las entidades de control respondan con prontitud y definan un canal de seguimiento a los compromisos contractuales que se firmen en las semanas previas al cambio de administración.