Diecisiete exmilitares colombianos fueron trasladados desde Haití hacia Estados Unidos para responder ante la justicia de ese país por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. La Cancillería de Colombia confirmó que hará acompañamiento a los connacionales durante el proceso, según informó El País.
El magnicidio de Moïse, perpetrado en su residencia privada en Puerto Príncipe, conmocionó a la comunidad internacional y abrió una investigación que vincula a ciudadanos de varias nacionalidades, entre ellos colombianos. Tras el hecho, un grupo de exintegrantes de las Fuerzas Militares colombianas fue detenido en Haití y, posteriormente, parte de ellos fue enviado a territorio estadounidense, donde avanza el proceso penal.
La Cancillería, a través de su dirección de asuntos consulares, tiene la competencia de brindar asistencia y protección a los colombianos detenidos en el exterior. El seguimiento incluye verificación de condiciones de reclusión, acceso a defensa técnica y comunicación con las familias, funciones que se enmarcan en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
El caso ha generado atención por la complejidad de las jurisdicciones involucradas: Haití, Estados Unidos y, en el terreno de las víctimas, Colombia, dada la nacionalidad de varios de los procesados. La justicia estadounidense ha sostenido que el crimen tuvo móviles económicos y políticos, y que involucró a una red que reclutó personas en distintos países.
Para los familiares de los exmilitares, la situación ha significado años de incertidumbre sobre el paradero y la situación judicial de sus seres queridos. Organizaciones de derechos humanos han pedido garantías de debido proceso y transparencia en el trámite que se adelanta en cortes federales de Estados Unidos.
Desde el punto de vista institucional, el traslado de los colombianos a suelo estadounidense cambió la jurisdicción que lleva el caso. Las autoridades haitianas cedieron parte del proceso a petición de Washington, que asumió el liderazgo de la investigación. Ese giro implicó también un cambio en el tipo de asistencia consular que Colombia debe prestar a sus nacionales.
El asesinato de Moïse ocurrió en un contexto de grave inestabilidad política y seguridad en Haití, un país que atraviesa una crisis institucional prolongada. Colombia, como miembro de la comunidad internacional, ha seguido el caso a través de su embajada en Puerto Príncipe y de su consulado, manteniendo comunicación con las autoridades norteamericanas.
Queda pendiente que la justicia de Estados Unidos determine las responsabilidades individuales de cada uno de los colombianos involucrados. Mientras tanto, la Cancillería reiteró que continuará el acompañamiento consular y que informará a las familias sobre los avances procesales que se vayan surtiendo.
La noticia vuelve a poner en el debate público el rol de ciudadanos colombianos en operaciones internacionales de carácter ilegal, así como los límites de la cooperación judicial entre países. El seguimiento diplomático será clave para que el proceso se adelante con apego a los estándares internacionales de protección a los detenidos.