El gobierno nacional retiró la candidatura de la abogada Carolina Olarte Bácares para integrar la Corte Penal Internacional. La postulación había sido impulsada por el Ejecutivo colombiano ante los organismos competentes y buscaba que una profesional del país ocupara un cupo en el tribunal con sede en La Haya, según reportó Infobae.
La decisión se tomó mientras la administración de Abelardo de la Espriella evalúa su relación con el Estatuto de Roma, el tratado internacional que dio vida jurídica a la CPI. En las últimas semanas habían circulado versiones sobre una eventual denuncia del acuerdo por parte de Colombia, lo que ubica la retirada de la candidatura dentro de un escenario de replanteamiento de la política exterior en materia de justicia internacional.
De acuerdo con Infobae, el retiro de la postulación no fue notificado a la candidata. Olarte Bácares señaló que nadie del gobierno le comunicó oficialmente la decisión, lo que abre interrogantes sobre los criterios y los protocolos que usó el Ejecutivo en este proceso. La opacidad del trámite resulta llamativa, porque la candidata había adelantado gestiones ante la Corte Penal Internacional como parte de su campaña profesional.
La Corte Penal Internacional es el tribunal encargado de juzgar los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sus jueces son elegidos por la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma y cada país puede presentar candidaturas para integrar la nómina de magistrados, un proceso que suele tomar meses de cabildeo diplomático.
Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma desde 2002, cuando el Congreso aprobó el tratado. La pertenencia al sistema de la CPI ha sido un eje de la política exterior colombiana en materia de derechos humanos y justicia transicional, y cualquier movimiento del gobierno sobre ese marco tiene repercusiones en la cooperación con el tribunal.
La noticia se conoce en un contexto internacional sensible. Diversos países de la región y de Europa han cuestionado en los últimos meses la cooperación con la CPI, lo que reaviva el debate sobre el alcance del tratado y los compromisos que adquiere un Estado al firmar y ratificar ese instrumento.
El retiro de la candidatura también deja vacante el proceso de selección colombiano. El gobierno deberá definir si presenta un nuevo nombre o si deja el cupo sin postulante, decisión que se conocerá en las próximas semanas conforme avancen las evaluaciones sobre la relación con el Estatuto de Roma.
Para la ciudadanía, el episodio tiene implicaciones en la forma como el Estado colombiano se inserta en los mecanismos multilaterales de justicia. Cualquier alejamiento del Estatuto de Roma limitaría la posibilidad de que connacionales sean parte de los organismos derivados del tratado y debilitaría el principio de cooperación judicial internacional.
El Ejecutivo aún no ha emitido un comunicado oficial detallado sobre los motivos del retiro ni sobre el rumbo de su política frente a la CPI. La falta de notificación a la propia candidata, según Infobae, deja en evidencia la necesidad de que el gobierno explique públicamente los criterios que orientan una decisión de esta naturaleza.