Infobae reportó que varios cabecillas y testaferros del Clan del Golfo estarían buscando refugio temporal en Panamá. La movida se produce después del ultimátum que el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, habría lanzado contra esa organización criminal.
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es considerado hoy una de las estructuras armadas ilegales con mayor capacidad de operación en el país. Nació como una disidencia de las Autodefensas Unidas de Colombia tras la desmovilización paramilitar de mediados de los 2000 y ha mantenido una presencia fuerte en regiones como el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y zonas del Pacífico.
Panamá no es ajeno a la presencia de capos colombianos. En la primera mitad de la década de 1980, varios de los máximos jefes del Cartel de Medellín buscaron refugio temporal en la nación canalera. Esa cercanía geográfica y los pasos fronterizos por el Darién han sido rutas usadas históricamente por organizaciones criminales para mover dinero, armas y personas.
El dato que aporta Infobae no detalla quiénes serían los capos ni los testaferros que estarían saliendo, ni tampoco cuántos. Tampoco precisa si se trata de una salida coordinada o de movimientos individuales. Lo que la fuente sí señala es que el traslado estaría directamente ligado al ultimátum del presidente electo.
Para la ciudadanía, una posible migración de cabecillas a un país vecino tiene implicaciones concretas. Si los líderes se reubican en Panamá, la estructura de mando dentro de Colombia podría reorganizarse, lo que abriría disputas internas o fragmentaciones territoriales. También puede afectar la dinámica del negocio criminal transnacional, sobre todo el narcotráfico y la minería ilegal, que son las principales fuentes de financiamiento del Clan del Golfo.
En materia de cooperación judicial, los gobiernos de Colombia y Panamá han firmado en el pasado acuerdos de asistencia mutua para la captura y extradición de sospechosos. Una eventual presencia de estos cabecillas en territorio panameño reactivaría esos mecanismos bilaterales, si Bogotá o el propio Panamá lo solicitan formalmente.
El ultimátum de De La Espriella se enmarca en el debate nacional sobre cómo enfrentar a los grupos armados ilegales que aún delinquen en Colombia. Sectores políticos y analistas han planteado que una salida negociada con sometimiento a la justicia ofrece mejores resultados que la pura confrontación armada. Otros defienden que la presión militar y judicial es la única vía efectiva.
La fuente consultada por Infobae no precisa si el gobierno panameño tiene conocimiento de estos movimientos, ni si ha emitido alguna comunicación oficial al respecto. Tampoco queda claro si el desplazamiento fue confirmado por las autoridades colombianas o si se trata de información de inteligencia circulando en medios.
Quedan varios interrogantes abiertos. ¿Quiénes exactamente estarían saliendo del país? ¿Lo harían de forma legal o clandestina? ¿Cuál será la respuesta del gobierno panameño si recibe solicitudes de captura? ¿Habrá una reacción coordinada entre las fuerzas de seguridad colombianas y panameñas para rastrear esos movimientos? Por ahora, lo único confirmado es el reporte de Infobae, que vuelve a poner sobre la mesa la presión que el presidente electo quiere ejercer sobre las organizaciones criminales que operan en Colombia.